La sociedad está herida. Cotidianamente se sabe de hechos delictivos que dejan saldos de graves lesiones y muertes de personas y producen daños y perjuicios de diversa índole. Nadie parece escapar al problema. Tampoco la ola de ilícitos distingue clase social, ni tipo de actividad; la sufrimos todos.

Mientras tanto el Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y proponer caminos superadores, no encara planes adecuados y constantes de prevención y represión del delito y se limita a dar explicaciones incomprensibles o sólo a deslindar responsabilidades.

Por su parte, la ciudadanía no ve cambios significativos en el tema y, en el mejor de los casos, se notan movimientos cosméticos, más que pasos esenciales, en la erradicación de las actividades criminales.

Así, en procesos que ya se han vivido en la Argentina, se trata de tapar el problema culpabilizando a los más vulnerables e indirectamente se empuja al atajo cobarde de hacer un guiño al autoritarismo y al gatillo fácil.

Más, los verdaderos problemas del delito organizado siguen sin encararse plenamente.

Gobernar desde el miedo

Aquí es en donde cabe hacer un alto para ver algunos otros aspectos de los que no se hablan de la situación.

La inseguridad ha permitido que, en vez de gobernarse desde la ley, se haga desde el miedo, el cual disminuye los reclamos ciudadanos y se dejan zonas liberadas al poder político, en las que se hacen cosas sin control activo, ni crítica ciudadana.

Las personas empiezan a encerrarse y piden que el Estado les garantice lo elemental, aislándose y no exigiendo las otras responsabilidades que son propias del gobierno. Así, desaparece la política participativa, poco a poco el encierro hace que no se salga del ámbito privado y se regale el ámbito público a los sembradores de odio y desesperanza.

La desconfianza comienza a ganar las interacciones humanas y se criminaliza la pobreza. El miedo manda y todos desconfiamos de todos.

Es elemental que se adopten políticas de Estado, asumidas por todo el espectro político, en la lucha contra el crimen organizado. Esos pasos deben darse en las esencias de la cuestión, seriamente, lo que no está pasando, en los hechos, en las políticas de persecución penal encaradas. Baste señalar, por ejemplo, que en el tema del narcotráfico, cualquier taxista puede llevar a donde se vende droga o la sola presencia de ventas de "Paco" indica que a pocas cuadras hay "cocinas" que producen droga y, sin embargo, la policía en general, que depende del Poder Ejecutivo, no demuestra eficiencia.

A su vez, el ciudadano percibe al Poder Judicial como preocupado más en deslindar jurisdicciones y competencias, que en actuar eficazmente en la lucha contra la droga. Además, el Poder Legislativo, sin tener presente que la delincuencia juvenil tiene mucho que ver con la adicción a la droga, por ejemplo, busca salidas legales inadecuadas ante el delito de menores, como si encarcelándolos más tempranamente se soluciona el problema.

Más impuestos y discriminaciones

Por otra parte, es inaceptable que la inseguridad imponga nuevos impuestos disfrazados, genere más discriminaciones y obligue a aceptar condiciones indebidas para tener tranquilidad.

Es obvio que a los impuestos que se pagan para que el Estado nos garantice la protección se le suman nuevos impuestos directos o disfrazados. Ahora, para tener una mínima seguridad adicional hay que contar con custodia para entrar y salir de la casa, pagar costosos sistemas de alarmas, mantener un buen perro, abonar la cooperadora policial, tener seguros de robos, contratar control satelital del desplazamiento de vehículo o personas, comprar armas, etc.

Todo lo que también aumenta la brecha respecto de quienes no pueden pagar para acceder a dichos resguardos. Aquí se evidencia también que hay seguridades de primera y otras categorías inferiores de seguridades, que resultan inaceptables en un Estado que no debe discriminar en la tutela de todos. Nos tiene que doler saber que los robos, muertes y violaciones en las villas miseria o en los asentamientos marginales son delitos impunes en los hechos, porque el gobierno, prácticamente, no los previene, ni investiga y menos los juzga.

Se comercializa

información personal

En ese contexto, el Estado tampoco controla cómo se vende la seguridad extra. Tal es el caso de algunas empresas de alarmas y su conducta poco leal para con el cliente. Así, es el caso del sistema de alarmas que ofrece la empresa ADT Security Services S A.

Esa empresa, una vez que a través de su promotor enseña las bondades de su sistema de alarma, para viabilizar el servicio le hace firmar al cliente cinco páginas impresas que denomina "Términos y condiciones de la solicitud de servicios". Éstas, que por lo general no se leen y se firman directamente por el cliente -llamado suscriptor-, operan como una forma indebida de imponer condiciones, respecto de las cuales luego se hacen aparecer que es el peticionante el que las propone, como base del contrato que los vincula. En dichas condiciones, en la cláusula 10, sin que tenga nada que ver con la razón por la que se contrata el servicio, sorpresivamente se establece que: "Por medio de la presente el suscriptor presta expresa conformidad para que ADT comercialice sus datos personales volcados en la Solicitud de Servicio". O sea, de esa manera, a la empresa de seguridad le autorizamos a que haga un negocio paralelo y venda nuestros datos personales, que hacen a un aspecto central de nuestra seguridad y privacidad. Incluso, dado que la empresa ADT pone un cartel al frente de la casa, de esa forma se sabe fácilmente dónde comprar los datos personales de quienes viven en dichas residencias. Todo ello, más allá de las supuestas garantías que dice que adoptará la empresa, respecto de a quiénes da la información que vende, lo que no se puede controlar previamente por los suscriptores.

Hay que reasumir el pleno ejercicio de los derechos y exigir, integralmente, su respeto, para evitar que nos cerque la inseguridad, nos volvamos insensibles ante la situación de los demás, nos gobiernen por el miedo y se aprovechen de la situación.

MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado constitucionalista cordobés Miembro de FOPEA