El juez federal Julián Ercolini, que analiza la denuncia contra el ex presidente Néstor Kirchner y a otros funcionarios por asociación ilícita, aclaró ayer que la causa está "en etapa preeliminar de investigación" y subrayó que "no supone la adopción de decisiones coercitivas de restricción ambulatoria".
Si bien la aclaración fue entendida como una obviedad en los sectores tribunalicios, la aclaración de Ercolini llegó a través del Centro de Información Judicial (CIJ), un organismo creado por la Corte Suprema con el fin de acercar a la sociedad la labor del Poder Judicial.
El comunicado lleva de título: "La Justicia federal aclara alcances sobre denuncia de Elisa Carrió" frente a las distintas "opiniones extrajudiciales" que se generaron por la noticia.
Añade: "el Juzgado en lo Criminal y Correccional que instruye el caso contra funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación explica detalles sobre el trámite de la causa".
Allí, Ercolini subrayó que "el sentido de la fase preliminar de investigación es el de recolección de pruebas, por lo que labor propia de los magistrados en dicha etapa es la de procurar evidencias que sean validas, eficaces y congruentes con la hipótesis de la denuncia".
El texto explica que "el modelo republicano propio de la Constitución de la Nación supone un mandato supremo dirigido a los magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de darle curso a todas las denuncias formuladas, salvo supuestos que específicamente veda el Código Procesal Penal de la Nación".
Se agrega que "el modelo republicano garantiza a los magistrados el cumplimiento de la función con imparcialidad, independencia y objetividad, lo cual supone una labor separada de disputas políticas, económicas y sectoriales, propias de la coyuntura". Respecto a la causa, aclara que se encuentra en una "fase preliminar de investigación" por lo que en ese estado "no supone la adopción de decisiones coercitivas de restricción ambulatoria o de otro tipo, previstas especialmente por la ley para supuestos en los que concurren un riesgo procesal objetivo y un alto grado de probabilidad de la hipótesis de la imputación".
