En el 2003, los presidentes Néstor Kirchner y su par chileno Ricardo Lagos suscribieron en El Calafate, Santa Cruz, un documento sobre cambio climático por medio del cual se comprometían a apoyar e impulsar estudios conjuntos en los dos países y Antártida. Las preocupaciones comunes fueron el aumento de las temperaturas medias en la Patagonia, los cambios en el régimen de precipitaciones y la sorpresiva intensidad del deshielo que reduce los glaciares, lo que requiere además de los países más industrializados del mundo la ratificación de los convenios para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global.

Durante el 2008 nuevamente El Calafate fue lugar de reunión de la Cumbre Internacional Sobre Cambio Climático, donde se resaltó también la situación crítica de los glaciares debido a ese fenómeno.

Todas las declamaciones cayeron en "saco roto" cuando a pocos meses la presidenta Cristina de Kirchner vetó la "Ley de Presupuestos Mínimos ambientales de Protección de los glaciares y ambiente periglacial" -ley 26.418- votada por unanimidad por el Congreso de la Nación en octubre pasado.

Exhortar a los países a preocuparse por el calentamiento global y en pocos meses vetar una ley que protege las fuentes de agua más vitales y las más afectadas por la actual temperatura global es una contradicción, la negación absurda de una afirmación. Fue una actitud incoherente bajo el análisis científico o de cualquier ciudadano común.

El objetivo de la ley es la protección de los mismos y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.

La ley establece la creación de un inventario que contenga glaciares y el ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y su clasificación morfológica. Un monitoreo de los glaciares a lo largo de la cordillera de los Andes. Prohíbe la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica. Prohíbe además la actividad minera o petrolífera y la instalación de industrias. Remarca la ley que esas actividades deberán llevarse a cabo lejos de estas fuentes de agua potable, con el fin de proteger ese recurso natural de primera necesidad. Algo que por obvio no merece aclaración.

La ley contó con el asesoramiento de científicos del Ianigla, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. El titular de esta institución es el doctor en Geociencias Ricardo Villalba, quien integra el Panel Intergubernamental para el estudio del Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas y fue distinguido el año pasado con un premio Nobel de la Paz junto con otros científicos del organismo internacional.

En los últimos años los científicos del mundo vienen observando el progresivo adelgazamiento de los glaciares, pérdida de superficies y a su vez aumento de los volúmenes de agua que acrecientan el nivel del mar. A su vez se registraron en las últimas décadas las mayores temperaturas de los últimos 360 años. No debemos olvidar que sólo el 3% del total de agua en el planeta es agua dulce y un 77,06% está congelada en los polos y en los glaciares de latitudes medias, por lo tanto constituyen un recurso primordial que hay que proteger. Por ello países como España, Francia, Suiza han tomado medidas para su protección.

En la Patagonia, los 63 principales glaciares se han derretido de forma alarmante en los últimos 30 años y han contribuido notablemente al crecimiento del nivel del mar.

Es necesario estudiar el comportamiento, características y la cantidad de glaciares que existen con el fin de garantizar este bien a las poblaciones que se benefician directamente de su contribución, pues cumplen un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico, sobre todo en los Andes centrales, aportando caudal a los ríos cuando han escaseado las precipitaciones anuales. La planificación futura económica y agropecuaria depende de estos estudios y las restricciones en el uso de estos espacios. Por ejemplo, la provincia de Mendoza depende casi absolutamente del riego para su economía agropecuaria.

El reciente veto presidencial de la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares ofende a las instituciones científicas, universitarias, organizaciones sociales del país que festejaron la unanimidad expresada en el Parlamento. También este veto le resta legitimidad al mayor órgano representativo del sistema democrático de gobierno, el Congreso Nacional, otorgándole un lugar preeminente al foro (creado en el decreto) integrado por gobernadores, senadores nacionales y diputados nacionales de las provincias cordilleranas para discutir la ley y -creemos algunos- cambiar su espíritu original.

Además de la gravedad de este gesto hacia el Congreso Nacional, el veto presidencial revela el lobby de las empresas mineras enquistadas en el gobierno nacional a través sus impulsores. La legislación minera votada en los años ´90 fue propicia a la propagación de proyectos extractivos con la colaboración de socios locales vinculados con esferas políticas. El gobierno nacional sigue garantizando a las trasnacionales mineras los beneficios económicos y fiscales. Ahora, además, la continuación de su actividad a pesar del saqueo y la contaminación del agua.

La presión de los gobernadores mineros, sobre todo del de San Juan, José Luis Gioja, fue seguramente considerable. En San Juan se desarrollan varios proyectos mineros, entre ellos el gigantesco emprendimiento binacional entre la Argentina y Chile, que explotará la empresa Barrick Gold.

Recientemente la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) hizo pública una denuncia que vincula al hermano del gobernador Gioja, y presidente de la Comisión de Minería del Senado, con una empresa minera proveedora de la Minera Barrick en la mina Veladero. Otras denuncias han sido difundidas también por las asambleas ciudadanas que actualmente exigen la derogación de las leyes mineras.

El gobierno de la provincia de Río Negro, en este nuevo escenario posterior al veto, deberá asumir una postura firme reconociendo el valor estratégico de los glaciares que, como el agua, constituyen un bien social fundamental a ser protegido. La única forma de hacerlo sin eufemismos es defender el espíritu que dio origen a la ley de protección de los glaciares.

MARÍA MAGDALENA ODARDA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Legisladora provincial