En una nota editorial del The New York Times del pasado día 16 de diciembre se postula la conveniencia de atender a las sugerencias recientemente formuladas por la ex-Secretaria de Estado, Madeleine Albright, y por el ex-Secretario de Defensa, William Cohen, en cuanto a la posibilidad de prevenir futuros genocidios.

Dichas sugerencias forman parte de un informe destinado ofrecer lo que, en palabras de Albright, constituye "un mecanismo que permite atender al genocidio de un modo sistemático", cuyo eje radica en la instalación de sistemas de alerta temprana, monitoreos previos y acción preventiva.

La propuesta que le ha sido realizada al presidente electo Barack Obama consiste, además, en la creación de un comité integrado por miembros expertos de cada una de las agencias de seguridad del Estado, dirigido por el Consejo Nacional de Seguridad, con el objeto de analizar las amenazas de genocidios y de exterminios en masa alrededor del mundo.

No obstante la iniciativa en cuestión, lo cierto es que la relación entre los Estados Unidos de América y la categoría criminal conocida como "genocidio" fue desde un inicio traumática. A punto tal que desde la sanción de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948, el senado, junto a la American Bar Association (ABA), se opusieron firme y reiteradamente a su ratificación.

Un ejemplo basta al respecto: a pesar de haber sido el inventor de esa categoría criminal, y de haber sido un gran lobista en torno a su adopción en el ámbito de las Naciones Unidas, Rafael Lemkin nunca fue invitado por el subcomité del senado norteamericano a testificar en las audiencias en las que se discutió la ratificación o no de la convención.

Después de la muerte de Lemkin, y pese a la entrada en vigor de la convención, el tratamiento legislativo permanecería desatendido en los Estados Unidos hasta mediados de la década de los años 60. El 11 de enero de 1967, William Proxmire, senador por Wisconsin, dirigió su primer discurso sobre la cuestión de la convención internacional sobre genocidio y la necesidad de su ratificación.

En aquella ocasión anunció su intención de iniciar una campaña que no habría de cesar hasta que los Estados Unidos ratificara dicha convención. Su campaña se prolongó durante 19 años e incluyó 3.211 discursos en los que insistió sobre la urgencia de que el país se hiciera parte de ese instrumento.

En la década de los ochenta, aprovechando el lanzamiento de la serie de televisión Holocausto, Proxmire volvió a insistir con su proyecto ante el senado. Para entonces la problemática relacionada al holocausto estaba abierta a la discusión pública y al debate, lo cual indujo a los propulsores de la convención a vincular el problema de la ratificación con el exterminio sucedido en Europa durante la vigencia del nacionalsocialismo alemán.

Fue entonces cuando en la víspera de la convención de 1984, el vocero del Departamento de Estado anunció que el presidente Ronald Reagan ratificaría finalmente la convención sobre genocidio. En lo sucesivo, la crítica que hasta entonces habían venido formulando los Republicanos no desapareció, sino que apenas cambió su rumbo.

Ello se tradujo en la reserva formulada a la hora de hacerse efectiva su ratificación, mediante una cláusula que estipuló que antes de que los Estados Unidos sea llamado en calidad de parte por ante cualquier demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el presidente debe consentir la jurisdicción de la corte. Lo cual ha llevado a sugerir sarcásticamente que una formulación tal equivale a requerirle a un acusado de asesinato su consentimiento para ser juzgado.

En términos prácticos, la consecuencia legal de dicha reserva se tradujo en el hecho de que si los Estados Unidos sospecha que otro Estado ha cometido actos de genocidio, e intenta llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, pues entonces el Estado acusado podrá valerse de la reserva en cuestión para verse exceptuado de la jurisdicción de la corte. Tal cosa sobre la base de la doctrina de la reciprocidad.

El 11 de febrero de 1986, el Senador Dole sometió a voto del senado la ratificación de la convención, con la reserva incluida. Una semana más tarde, 38 años después de la sanción de la convención internacional, y tras 37 años desde que el Presidente Truman requiriese el "consejo y consenso" del senado, ese cuerpo finalmente ratificó ese texto por 83 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Fue el país 98 en efectuar tal ratificación.

En octubre de 1988 el senado sancionó la Genocide Convention Implementation Act, llamada la "Proxmire Act", en homenaje al senador que persiguió de modo vehemente la inclusión de la Convención Internacional dentro del derecho de ese país. A partir de entonces, y pese a todas las ambivalencias mencionadas, la comisión del crimen de genocidio se hizo merecedor de castigo en los Estados Unidos con una pena de prisión perpetua y multas hasta por un millón de dólares.

(*) Juez de Instrucción y profesor de Derecho Internacional Universidad FASTA, Bariloche.