La tensión es propia de la política. No asombra, así, que una situación se presente destructiva -agonal-, hasta que las fuerzas que buscan destruir advierten que pueden resultar, ellas mismas, destruidas. Esto suele generar un efecto disuasivo, del que sobreviene, en general, una faz arquitectónica. Si no, el resultado es la declinación.

Es que el poder no conoce de mesetas, de estabilidad ni de abulia. Se mueve según sus propias reglas.

Hasta ahora, la actual gestión de Miguel Saiz ha buscado desafiar las reglas de la dinámica política pretendiendo que el mero correr del tiempo resolviera los numerosos frentes de conflicto que se amontonan en su puerta: el desfinanciamiento, los desacuerdos políticos internos, las acusaciones de corrupción y las investigaciones judiciales, el desvergonzado desafío que su jefe de Policía realiza a la autoridad de una jueza y a su jefe político en el gabinete, los reclamos comunitarios frente a la ineficiencia o la mora, la carencia de ideas sobre cómo mejorar los servicios públicos...

El viernes, una esperanza de reacción se produjo al difundirse un pedido de renuncias a todo el gabinete. Pero el propio gobernador se apuró a desmentirlo.

Su habitual hermetismo no permite descartar que piense en tomar una medida así. Y menos aún juzgar si, en caso de hacerlo, perseguiría oxigenar su gestión con el fin de darle a la sociedad un mejor servicio o sólo demostrar ante los suyos que todavía es él quien manda, a pesar de que esté en la cuenta regresiva de su segundo período.

Como fuere, desde el punto de vista político, el gobernador llega a este final de año sumamente desgastado ante la sociedad por el cúmulo de denuncias que involucran a funcionarios de su gobierno e incluso a sus propias decisiones.

En el plano interno, exhibe un gabinete dividido y sin planes ante la crisis.

Ante ese cuadro, Saiz no podrá pasar muchos días más sin ejercer su autoridad para poner fin a la guerra declarada que el jefe Cufré libra contra el ministro Rodríguez, contra la jueza Marisa Bosco y contra un oficial de policía afectado a la investigación.

Al lado de esta contienda privada, la sorda disputa que mantienen desde hace años los ministros de Hacienda, Pablo Verani, y de Educación, César Barbeito, parece una discusión de niños.

El calibre de las acusaciones llevó a la defensora del Pueblo a señalar que, por primera vez en la provincia, "no hay subordinación" de la conducción policial al poder civil.

Y es cierto, aunque no se trata de una revuelta policial en desafío de la autoridad del gobernador. Sino, más bien, una pulseada personal que el jefe lleva adelante por razones que no pueden exhibirse como parte de un ideario de gestión. Los hechos muestran que va en un triple sentido:

-a proteger a los policías indagados o imputados de presunta connivencia con proxenetas.

-a demostrar que puede darse el lujo de exhibir su amistad con la persona que convirtió en un negocio rentable la colaboración social con la institución policial.

-a hacer gala de su relación directa y su influencia sobre el gobernador, aun cuando para hacerlo deba apelar a situaciones que dejan al mandatario en una posición incómoda.

Pero, aun desde estas motivaciones personales, el jefe está arrastrando al Ejecutivo a un conflicto de poderes.

La prepotencia suele ser el arma que, desde lo institucional, pretende sofocar toda consideración ajena al discurso hegemónico.

Frente a ella, el ministro Rodríguez actuó como hombre de la política: estableció puentes de diálogo con la jueza Bosco y prometió garantías para su trabajo.

Resta ahora saber si esas garantías serán también respaldadas por Saiz, que exaspera los tiempos sin demostrar sobre cuál de los dos contendientes pondrá la mano de su bendición política.

Sólo una definición clara y rápida permitiría conocer su manera de pensar sobre la independencia del Poder Judicial y sobre lo que está o no permitido que hagan los oficiales policiales con rango de mando en la fuerza.

En lo financiero, el fin de año asfixia el margen de maniobra del Tesoro provincial.

Por el momento, el temor de la dirigencia docente de que el gobierno no pueda pagar el medio aguinaldo suena exagerado. Pero es un hecho que la incertidumbre sobre el cumplimiento puntual de las obligaciones salariales ha vuelto a instalarse en las cuentas rionegrinas. Y la sensible piel de los gremios contestatarios -Unter, ATE y Sitrajur- lo sabe.

Lejos de tranquilizarlos, el desmedido cerco policial que les impidió el acceso el viernes a la Legislatura reprodujo una metodología de sesión cerrada, con golpes y tironeos que no ayudan a la paz social, a la imagen del gobierno ni a nadie.

Con una recaudación impositiva en caída -por contagio de la recesión que ya se advierte en la actividad económica-, el peso del endeudamiento provincial volverá a hacerse sofocante.

El gobierno tramita aún la ayuda nacional de refinanciación que le permita destrabar el compromiso sobre sus ingresos de coparticipación.

Mientras eso suceda, la inquietud veraneará en Río Negro.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar