SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El conflicto surgido en torno al aumento de la tasa de las tasas podría terminar en la Justicia, si el municipio no suspende la aplicación del ajuste. Un grupo de vecinos "autoconvocados" difundió una nota "modelo" para notificar a la secretaría municipal de Economía sobre la "imposibilidad de pago del monto exigido" y pedir una "prórroga del vencimiento" y la suspensión de demandas por mora.

Advirtieron que con ese paso se proponen agotar la vía administrativa antes de impulsar un "mandamus" ante el STJ con el propósito de frenar el aumento.

También anunciaron que en enero y febrero desarrollarán una campaña destinada a reunir las 2.000 firmas necesarias para promover la derogación de la ordenanza 1.800 por el mecanismo de "iniciativa popular".

La normativa en cuestión fue aprobada en febrero pasado e impuso un aumento general sobre la tasa de Servicios del 163%, pero también incorporó una nueva zonificación del ejido municipal y gravó con alícuotas más onerosas los terrenos baldíos.

Estos factores sumados determinaron que algunos contribuyentes reciban su boleta con alzas que van del 500 al 800 por ciento. Las quejas se multiplicaron recién ahora porque la aplicación de los cambios fue progresiva y recién quedó completada con el último vencimiento del año.

"El aumento dispuesto a nuestro entender resulta arbitrario, transformándose en inequitativo y desproporcionado, confiscatorio y expropiatorio", sostiene el escrito remitido por los vecinos al municipio.

También atacaron "la falta de prestación de servicios por parte de la municipalidad que se pretenden retribuir, como asimismo la imposibilidad de acreditar que dichas prestaciones sufrieron un aumento proporcional que se pretende imponer a las tasas" (sic).

Según el escribano Leandro Costa Brutten (quien los asesoró en la presentación), "el único objetivo del incremento de la tasa es generar deuda y promover la ejecución judicial de inmuebles de Bariloche".

Aclaró que no convocan a la rebeldía fiscal sino que sólo aspiran a exponer "la imposibilidad de pagar el aumento, como una situación de hecho".

El intendente Marcelo Cascón emitió días atrás una resolución para facilitar el blanqueo de construcciones no declaradas, con lo cual muchos contribuyentes podrán empezar a pagar tasas de vivienda unifamiliar en lugar del gravamen que corresponde al baldío, como figuran hasta hoy sus propiedades en el registro municipal.