ROCA (AR).- Con críticas dirigidas a funcionarios municipales y provinciales, finalmente ayer los integrantes de la toma de Paso Córdoba decidieron abandonar las tierras que había usurpado en marzo de este año, ante la presencia de más de medio centenar de efectivos de la policía quienes tenían órdenes de desalojar el predio ubicado a la vera de la Ruta Provincial 6. La medida generó críticas de distintas organizaciones, quienes cuestionaron la resolución judicial y la falta de respuestas hacia los sectores más carenciados.

Encabezadas por un escuadrón del Bora, los uniformados comenzaron a llegar a la zona de Paso Córdoba pasadas las 6.30. La única intención era hacer cumplir la medida ordenada por el juez Juan Torres quien solicitó el desalojo de las familias que desde el 2 de marzo de este año ocuparon el predio de dos hectáreas ubicadas a unos 13 kilómetros al suroeste de Roca.

Según el informe brindado por el sub comisario Luis Neguiman, sólo encontraron a tres personas durmiendo en las 25 precarias casillas levantadas con tirantes y cantoneras.

La medida ya había sido adelantada el viernes a la abogada y representante legal de las familias, Ana Calafat, quien ayer denunció que algunas casas fueron tiradas abajo por la policía a pesar de que varios de sus moradores habían solicitado un plazo mayor de tiempo para retirar sus pertenencias.

Si bien en un principio se derribaron algunas casillas, luego fueron los propios vecinos los que se acercaron al predio y decidieron comenzar a desmontarlas. Incluso la propia Calafat aseguró que se utilizó personal de civil para destruir las casillas y las pertenencias de las familias más carenciados.

Repudio

Desde la Asociación Civil Un Techo para mi Hermano manifestaron su "repudio y dolor" por la medida ordenada. "Creemos que la falta de diálogo conlleva a que se ejerza la violencia de ese modo y entendemos poco razonable no considerar la falta de alternativas que enfrentan muchas familias por la falta de viviendas", expresaron en un comunicado.

Otra de las que también opinó fue la directora de Acción Social, Delia Gómez, quien aseguró que a pesar de ser "una toma ilegal", igualmente se le abrieron las puertas a los vecinos para intentar buscar soluciones al conflicto habitacional.

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