Dentro de sus 19.000 metros cuadrados, entre los rincones que ocuparán jueces y funcionarios, el nuevo edificio del Poder Judicial en Roca ya guarda historias de celos, reproches y negociaciones de deudas alimentadas al calor de la inflación.

Las cintas se cortarán el próximo lunes, pero los entretelones de la etapa previa a la inauguración concentran desde hace tiempo las conversaciones en pasillos de la Justicia.

Varios relatos se nutren de datos relevantes, por ejemplo el costo final de la obra. Pero otros abordan posturas difíciles de entender, como la seca advertencia que -según contaron tres fuentes judiciales a este diario- hizo el gobernador, Miguel Saiz: "Si va el ´Gringo´ no hay inauguración".

El intendente, Carlos Soria, confirmó ayer que hasta el momento no había sido invitado al acto del 29 al mediodía.

No valieron los intentos del presidente del STJ, Alberto Balladini, ni de los ministros de Gobierno y Hacienda, José Luis Rodríguez y Pablo Verani, aludiendo al protocolo y las buenas costumbres. Saiz se mantuvo inflexible. Y la evidencia del distanciamiento en este punto está en el reparto de las tarjetas: el STJ quedó limitado a los funcionarios de organismos judiciales y el Ejecutivo se encarga del resto.

No obstante, Soria evaluaba la posibilidad de concurrir igual a la ceremonia. Al fin y al cabo, nadie podría negarle su participación como ciudadano roquense.

¿Llave en mano?

El edificio de la Justicia empezó a construirse a fines de enero del 2006 (en realidad el primer proyecto se ejecutó en 1973), pero desde mediados del 2005 tenía fijado el costo de construcción: 34 millones de pesos.

Además de su modernidad y enorme estructura, otro aspecto singular se destacaba en el proyecto que la empresa Roque Mocciola SA presentó como iniciativa privada: el edificio era "llave en mano", es decir que funcionarios y empleados sólo tenían que preocuparse por el traslado de los expedientes, porque el mobiliario sería nuevo.

Sin embargo, una información inquietante comenzó a circular semanas atrás y se confirmó durante las últimas horas. La mudanza tendrá que incluir a sillas y escritorios, varios de ellos con décadas de antigüedad.

¿Por qué se dio ese giro? Dos fuentes judiciales explicaron a este diario que la decisión responde al ahorro del millón de pesos que costaba el mobiliario nuevo, para achicar la importante deuda que tiene el Ejecutivo con la empresa Mocciola.

Esa justificación disparó entonces otras preguntas: ¿Cuánto se debe a la constructora y cuánto se pagará finalmente el edificio?

"Río Negro" consultó ayer al ministro de Hacienda (la obra se financia con un fondo fiduciario que maneja el Ejecutivo) sobre una versión que indicaba que de los 34 millones iniciales se pasó a un precio final cercano a los 70 millones. "No sé si serán 70, pero el incremento va a ser importante", respondió Verani, excusándose por la falta de precisiones, ya que se encontraba en Bariloche, lejos del expediente.

El contador sí reconoció que entre 31 certificados, 22 fueron redeterminados en sus costos pero sólo hay 18 cancelados.

Otro detalle a tener en cuenta es que el lunes sólo se habilitará el sector que albergará a los organismos del fuero civil y laboral. La torre que concentrará al fuero penal recién estará lista entre febrero y marzo, según fuentes judiciales y de la propia empresa. Este último vocero completó la charla con una reflexión: "La obra se termina porque la constructora es Mocciola, porque no sé si otra empresa no frena los trabajos antes para que le paguen lo que se debe".