NEUQUÉN (AN).- La diputada Paula Sánchez (Libres del Sur) afirmó que en Neuquén hay médicos que por la ausencia de un marco jurídico adecuado "todavía temen hacer un aborto no punible".

Sánchez viene impulsando un proyecto de ley provincial que reglamentaría la atención sanitaria que podría reclamarle una mujer a un médico del sector privado o del público.

Lo que propone es similar a lo establecido en el Código Penal, de donde encuentra fundamento un instructivo del ministerio de Salud de la provincia, que toma el artículo 86 del Código Penal, que habla de los abortos despenalizados.

Ese instructivo sostiene que si bien hay normas existentes, entre los profesionales existe "un fuerte temor a efectuar las prácticas abortivas", y por eso llegan a requerir antes de hacer una intervención una "autorización judicial" para cubrirse.

"Los médicos temen hacer un aborto de estas características. Nuestro proyecto de ley busca la desjudicialización de este tipo de casos. Y deja la decisión para la mujer", expresó la diputada.

El proyecto de ley establece los casos en que una mujer podrá requerir la interrupción del embarazo: cuando esté en peligro su vida o cuando su salud corra riesgos. Y para otras dos situaciones: cuando el embarazo provenga de una violación o cuando sea producto de un "atentado al pudor" (dice el Código Penal) de una mujer con alguna discapacidad mental.

Sánchez dijo que el año pasado hubo sólo dos pedidos de aborto no punibles. "¿Cuántas son las mujeres que no lo pidieron y que por desconocimiento y miedo se hacen el aborto en otro lugar, en pésimas condiciones de atención, con los riesgos que eso conlleva?", planteó.

El proyecto prevé que la atención solicitada por una mujer debería concretarse en estricta confidencialidad, con asesoramiento médico previo y garantías de privacidad, y atención psicológica garantizada posterior.

Bastaría la opinión de un solo médico para encuadrar como no punible la solicitud, y cualquier imposición de exigencias adicionales, como la de la autorización de más de un profesional, el requisito de "autorización por autoridades" y la opinión de un comité de ética "será una violación del derecho de la mujer".

Un doctor podría argumentar objeción de conciencia y no hacer la intervención, caso para el que un hospital deberá contar con otro para realizarla.