SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En un fallo al que arribaron por mayoría, la Cámara Laboral resolvió de manera favorable el amparo presentado por un grupo de empleados de farmacias a quienes les descontaban el 2% de su salario en concepto de cuota sindical sin que estuvieran afiliados al Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos.

El juez Carlos María Salaberry consideró que la pretensión debía ser desestimada. A su juicio, la vía elegida no era la adecuada, porque el descuento se lo estaban efectuando desde hacía varios meses, había perdido el recaudo de actualidad y no existía una situación novedosa que pusiera en vilo sus derechos. Pero los jueces Ariel Asuad y Juan Lagomarsino, en cambio, atendieron el reclamo y sentenciaron que la cuota sindical sólo le podía ser retenida a los trabajadores efectivamente afiliados.

El sindicato y la federación cuestionados respondieron que el descuento de la cuota sindical correspondía de todas maneras porque la ley que regula la celebración de las convenciones colectivas de trabajo autoriza a que se pacten cláusulas que establezcan contribuciones, ya que los acuerdos o beneficios que logren serán válidos para afiliados y no afiliados.

Para los jueces Asuad y Lagomarsino, la norma da lugar a confusión, pero "la interpretación debida es una obviedad jurídica". Interpretaron entonces que el sindicato sólo puede retener una cuota a los que están afiliados, dado que en el ordenamiento jurídico del país "no hay afiliación obligatoria como tuvo el corporativismo italiano o el nacionalsocialismo alemán".

Los magistrados recordaron que "toda otra interpretación es contraria a la Constitución nacional, a las normas de la Organización Internacional del Trabajo y a la ley de Asociaciones Profesionales", que en su artículo primero menciona el derecho a constituir asociaciones gremiales, el de afiliarse o no afiliarse y la garantía contra la afiliación o desafiliación masiva. "Cobrarles la cuota sindical a todos es afiliarlos a todos pero sin derecho a voto", apuntaron los jueces, lo que "no sólo sería contrario a nuestro sistema jurídico sino a cualquier ordenamiento de derecho que pudiera establecerse".

Después de argumentar ampliamente en favor del reclamo de los amparistas, los jueces Asuad y Lagomarsino sostuvieron que para poner remedio a la situación no había otro medio más idóneo que el amparo.