CIPOLLETTI (AC).- Los padres y vecinos del barrio Julio Dante Salto -las 432 Viviendas-, donde se levanta la escuela 248 "Cecilia Grierson" (en homenaje a unas de las cinco primeras médicas del país y también docente), no permitirán que se les quite el edificio escolar ni que se produzca el desalojo. Comenzarán a presentar desde el lunes recursos de amparo y resolvieron realizar desde el 1 de febrero, día en que se retoman las actividades educativas, una "ocupación pacífica" del establecimiento.

En orden a este problema la provincia no descartó que si se agotan las opciones empiece el trámite de expropiación con una declaración previa de utilidad pública de ese edificio.

Todo se desencadenó cuando la interventora en el consorcio -que no funciona como cuerpo colegiado por problemas de toda índole-, la arquitecta Mabel Rodríguez Cebrián, quien no es pobladora del sector, inició en el 2007 un juicio de desalojo en el fuero civil argumentando que el CPE nunca había pagado alquileres.

El juez Marcelo Gutiérrez hizo lugar al reclamo y sentenció el desalojo el 7 de noviembre último. De acuerdo con el plazo otorgado al CPE, debería producirse entre el 7 y el 10 de febrero, por eso la "ocupación pacífica".

Por lo que se conoció en la asamblea realizada el viernes por la noche, que terminó sobre el filo de las 23, ya el intendente Julio Dante Salto, cuando gestionó ante el gobierno nacional en 1967 tres planes de viviendas -el barrio 12 de Septiembre, las 300 y las 432 viviendas- en los tres hizo reserva de edificio escolar. Y el intendente peronista Vicente Cerasuolo, en 1974, autorizó a la 248 a ocupar el edificio de Esmeralda casi Esquiú. Lo propio hizo el jefe de gobierno radical Alfredo Chertudi, documentación que se está anexando al trámite de apelación que aún Gutiérrez no elevó a la Cámara Civil que integran los doctores Pozzo, Albrieu y Douglas Price.

En la asamblea había mucha indignación. Estaban, además de papás y vecinos, la directora de la 248, Ana María Fernández, y el delegado regional del CPE Matías Magallán. El funcionario, sin medias tintas, consideró que desde la consorcista se busca "plata", que podría haber un comodato de ocupación y que no se descartaba un paso más drástico como la utilidad pública y la expropiación si no se consigue un acuerdo.

Se supo el viernes en la asamblea que en una reunión que algunos pocos vecinos tuvieron con Rodríguez Cebrián el 15 de noviembre -luego del fallo de Gutiérrez- la interventora informó a ese pequeño grupito que todo se relacionaba con la falta de pago de alquileres. Cuando le pidieron que ejerciera "presión" sobre el municipio por falencias en el alumbrado público de las calles internas y otros problemas, la mujer replicó que eso no era posible porque "no puedo hacer enojar al funcionario equivocado". Una vecina joven sostuvo que se mantendrá la escuela a toda costa y aclaró además que "tengo ganas de vivir en un barrio lindo, con espacios verdes, iluminado".