SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un proyecto destinado a ampliar y ordenar la normativa tributaria del municipio fue presentado esta semana los concejales por el radicalismo Claudio Otano y Laura Alves. De ser convertido en ordenanza, el municipio podría incrementar entre 10 y 12 millones de pesos sus ingresos anuales, según estimó Otano, debido a que actualiza algunos tributos y crea otros, por ejemplo el derecho de uso del espacio aéreo y subterráneo.

El proyecto se nutre de un vastísimo estudio realizado por los empleados municipales José Danegger y Gustavo Hernández, quienes también habían tenido a su cargo el trabajo previo a la reforma de la tasa de Servicios, que fue aprobada a comienzos de año.

La propuesta contiene un nuevo Código Fiscal, uno Tarifario y uno de Faltas, cuyos objetivos son los de "dinamizar" su aplicación y facilitar los mecanismos de actualización.

Otano explicó que será una herramienta útil para el municipio y el proyecto significará "un beneficio para los contribuyentes", que tendrán mayor claridad sobre sus obligaciones fiscales.

El texto propone gravar el uso del espacio aéreo público "y/o privado municipal", dado que hoy numerosos sujetos tributarios lo aprovechan "y aparte de la contaminación visual que producen, no tributan absolutamente nada al fisco municipal".

La normativa impulsada por los ediles radicales también grava la publicidad en vehículos "ploteados" y crea el "derecho de autorización para la realización de espectáculos públicos".

En el Código de Faltas propuesto "quedan plasmados todos los principios y garantías constitucionales del derecho penal, para asegurarle al presunto infractor el derecho de defensa".

Hoy si un comerciante rompe una faja y desconoce la clausura, el municipio no tiene otra vía que recurrir a la justicia ordinaria.

El proyecto establece como principios orientadores del sistema tributario municipal a los que garantizan la legalidad, equidad, igualdad y progresividad.

Este último apunta a "eliminar el sistema regresivo y obsoleto según el cual se divide el ejido en zonas y se fija un monto a cada parcela, sin importar la realidad económica del propietario".