Según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que la Sala II de la Cámara de Casación haya ordenado la liberación de una veintena de personas notorias acusadas de gravísimas violaciones de los derechos humanos hizo del jueves pasado "un día de vergüenza para los argentinos y la humanidad". Aunque exageraba, ya que la Argentina es uno de los escasos países en los que se ha hecho un esfuerzo serio por procesar, para después condenar, a todos los presuntos culpables de delitos de lesa humanidad, el desconcierto que sintió puede entenderse. Sin embargo, como señaló el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, atribuir la decisión de los jueces responsables de la medida a sus hipotéticos prejuicios políticos no sirve para mucho porque "el Congreso no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados". Puesto que el motivo por el que la Cámara de Casación resolvió dejar libres a Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Ramón Díaz Bessone y otros consistió precisamente en el vencimiento de los plazos en que un imputado puede quedar detenido preventivamente, parecería que Fayt tiene razón. Mal que les pese a quienes quisieran que, en casos como los protagonizados por personajes como Astiz, los jueces pasaran por alto ciertos detalles procesales, en un Estado de derecho les corresponde acatar las reglas. No es cuestión de un pormenor meramente anecdótico. Si algo distingue a las sociedades democráticas modernas de las tiranías, es la voluntad generalizada de aceptar los fallos de la Justicia aun cuando la mayoría los crea insensatos.

Aunque la presidenta y una proporción muy elevada de los demás políticos se recibieron como abogados, parecería que no entienden muy bien la importancia de privilegiar la legalidad por encima de sus propias ideas de lo que es justo y lo que no lo es. Si los legisladores consideran que las reglas procesales favorecen demasiado a los que con toda seguridad han sido culpables de actos aberrantes, es su deber modificarlas para que el sistema pueda funcionar con mayor eficacia. Huelga decir que no lo han hecho, acaso porque no querían emprender la tarea muy ardua de llevar a cabo la serie de reformas complicadas necesarias para que nuestro sistema judicial dejara de operar a un ritmo más apropiado para el siglo XIX que para los tiempos actuales. Asimismo, por motivos es de suponer partidarios, o sencillamente porque no le gustaba que otros tomaran la iniciativa, la mayoría peronista se encargó de frustrar el intento más reciente de los diputados radicales, asesorados por juristas prestigiosos, de adecuar las normas para que el sistema pudiera manejar con más rapidez el alud de causas que se dio al optar el gobierno kirchnerista por emprender una ofensiva tardía contra virtualmente todos los involucrados en la represión ilegal entre 1976 y 1983, de ahí el atascamiento judicial que se ha producido.

Ningún régimen jurídico es perfecto. En Estados Unidos y Europa resulta frecuente que la Justicia ordene la liberación de personas condenadas por la opinión pública por razones relacionadas con el funcionamiento del sistema, lo que suele aceptarse porque la mayoría comprende que si se comenzara a buscar atajos en casos determinados se abriría la puerta a la arbitrariedad total. Aunque en ocasiones resulta muy fuerte la tentación de negarse a permitir que las trabas propias de todo orden jurídico civilizado impidan la condena definitiva de sujetos notorios, es mejor no caer en ella ya que equivaldría a institucionalizar la ley de Lynch. Al fin y al cabo, como aclararon los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García, responsables del fallo que tanto estupor ha causado, extender la prisión preventiva durante más de siete años, prorrogándola en seis oportunidades, significaba superar el plazo "razonable" previsto por la Convención Americana de Derechos Humanos que se ha incorporado a la Constitución Nacional. Así las cosas, lo escandaloso no es que los jueces de la Cámara de Casación hayan decidido tomar en serio la ley tal y como está, sino que nuestro sistema jurídico haya resultado tan extraordinariamente letárgico que ni siquiera ha permitido el procesamiento exitoso, en un lapso razonable, de estos acusados. Escandalosa ha sido la ofensiva del gobierno para amedrentar con una amenaza de juicio político a los jueces que aplicaron la ley.