BUENOS AIRES.- La liberación de un grupo de represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, quedó suspendida luego de que la Cámara Nacional de Casación Penal aceptó la apelación fiscal para que el caso sea definido por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión llegó tras una fuerte ofensiva que encabezó el gobierno nacional.

Por un lado, anunció que impulsará el juicio político de los jueces que ordenaron la libertad de 21 represores. Lo adelantó en conferencia de prensa el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien manifestó que solicitará al Consejo de la Magistratura que inicie el proceso para destituir a los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación Penal que dictaron la resolución y a los jueces del Tribunal 5 de esta Capital.

Por otra parte, aseguró que la Secretaría presentará un "recurso extraordinario ante la Corte para que se aboque en forma directa para evitar un escándalo jurídico", ante la resolución que libera a los acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

En este contexto, el fiscal de Casación Raúl Pleé presentó ayer ante la Sala II de Casación -el mismo tribunal que el jueves había ordenado el cese de las prisiones preventivas de los imputados-, el pedido de suspensión de la medida y los argumentos iniciales de la apelación.

Si bien ahora Casación debe notificar a los acusados y preguntarles qué opinan al respecto para definir su posición, lo cierto es que con este recurso el caso sobre las excarcelaciones en la megacausa ESMA pasa a manos de la Corte, que debe rechazar o avalar la medida.

Fue precisamente el integrante más antiguo de la Corte, Carlos Fayt, quien ayer, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, se despegó de la críticas que llegaron del gobierno a los hombres de la Justicia.

"No es culpa nuestra, es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados", dijo Fayt al abrir la polémica con hombres del gobierno y la oposición. (Ver nota aparte)

El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, rechazó esa excusa y se quejó de los jueces que permiten "chicanas" que convierten los procesos judiciales en "chicle". Y aseguró que aunque el fallo parezca garantista, "es del peor conservadurismo".

Mientras tanto, en el Consejo de la Magistratura no había ingresado hasta última hora de ayer ninguna de las anunciadas denuncias contra los jueces Gustavo Yacobucci y Luis García, de Casación, que -con la disidencia de su colega Gustavo Mitchell- dieron visto bueno a la excarcelación de los represores.

El jueves los organismos de derechos humanos se vieron sacudidos con la resolución de la Cámara de Casación que aceptó excarcelar, por el tiempo que ya han pasado detenidos sin condena, a los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Manuel García Tallada, Ramón Díaz Bessone, los ex prefectos Juan Antonio Azic y Raúl Scheller.

También se había dispuesto la excarcelación del ex general Ramón Genaro Díaz Bessone y el ex juez Víctor Brusa, entre otros, detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe.

Ayer, no obstante, el fiscal Pleé consiguió congelar las eventuales salidas de la cárcel de esos represores: señaló que las libertades ordenadas por Casación suenan a "sentencia definitiva" y plantean "el riesgo de que se frustre el juicio oral y público por un hecho de la trascendencia del que se trata".

"Nos encontramos ante una cuestión federal compleja, ya que con la interpretación de Casación se ha hecho una aplicación inadecuada de la ley, motivo que la desvirtúa y torna inoperante -dijo Pleé-. En esas condiciones, corresponde dejar sin efecto el fallo" hasta que la Corte lo resuelva. (DyN)