MADRID (AP) - El gobierno presentó ayer un proyecto para endurecer la ley de extranjería debido a la crisis económica, que contempla ampliar el período de retención de inmigrantes irregulares y restringir los criterios de reagrupación familiar.

En la reunión semanal del gabinete, el ejecutivo dio a conocer las líneas maestras de la reforma, que también extiende derechos laborales y educativos, y que deberá ser negociada y aprobada por las cámaras legislativas.

Con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, el 11,3% (17,4% entre los inmigrantes), el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, explicó en rueda de prensa que la situación de los extranjeros en España debe, por un lado, adecuarse a "la cambiante situación económica´´ y, por otro, ordenarse en "función del mercado laboral´´.

La nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan al país. Durante este tiempo, se tramita la expulsión de estas personas a sus países de origen. Si no se cumplen los requisitos legales necesarios, los inmigrantes deben ser liberados.

Además, la propuesta del gobierno limita la reagrupación familiar para los ascendientes. De aprobarse la reforma, sólo podrán traer a sus padres los inmigrantes que acrediten cinco años de residencia legal y sólo si aquéllos son mayores de 65 años.

Este punto es uno de los que más ha escocido entre los colectivos de inmigrantes, que ven esta medida como un ataque contra la estabilidad familiar y emocional de los extranjeros.

La reforma que empieza a debatirse ahora también amplía garantías laborales y educativas.

Por ejemplo, los hijos mayores de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo automáticamente Además, se avala el derecho de los extranjeros a la educación primaria y secundaria y se endurecen las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares.

Los casi 5 millones de inmigrantes residentes en España, casi el 11% de la población, viven momentos complicados, debido a la desaceleración económica en toda Europa y, en particular, al estancamiento de sectores como el de la construcción o los servicios, que en los últimos años generaron un enorme volumen de empleo. Hace tres años, en el 2005, el gobierno regularizó a casi 600.000 indocumentados.

Además, el gobierno español recortó un 94% una de las vías con las que cuenta para contratar a trabajadores extranjeros en sus países de origen en el 2009 debido a la crisis. El Ejecutivo fijó el contingente de los trabajadores extranjeros que podrán contratarse en el 2009 en sus países de origen, que se eleva a 901 personas, frente a las 15.000 que pudieron contratarse en el 2008.