CIPOLLETTI (AC).- "Esto es una barbaridad. Por qué en lugar de tirarse contra la escuela no se ocupan de los graves problemas que tenemos en todo el sector, incluyendo la falta de limpieza interna, inseguridad y otros", dijo un vecino del barrio Julio Dante Salto, las 432 viviendas, acompañado por un grupo de pares, cuestionando la actitud del consorcio desde donde se planteó, por medio de su interventora judicial, Mabel Rodríguez Cebrián, el desalojo liso y llano de la escuela 248 a la que concurren mayoritariamente los niños del área.
Unos cien vecinos se reunieron anoche y entre otras cuestiones, objetaron que la interventora del consorcio barrial nunca los haya llamado a una asamblea para informarles de la medida que iba a solicitar.
La interventora inició un juicio de desalojo en el 2007, en el juzgado Civil 3 a cargo del doctor Marcelo Gutiérrez. Este magistrado, el 7 de noviembre del pasado mes, falló en favor del consorcio disponiendo un plazo de 90 días para el desalojo, aunque recibió una apelación que estaba a punto de ser elevada a la Cámara Civil, que integran los doctores Edgardo Albrieu, Alfredo Pozzo y Jorge Douglas Price. Pozzo, en un breve contacto porque se hallaba en audiencia, dijo ayer que se esperaba el arribo de la apelación y que si lo ameritaba tendría tratamiento de suma urgencia.
En la fase clave de la sentencia Gutiérrez resolvió "hacer lugar a la demanda de desalojo" (no hay ningún pedido de resarcimiento por alquileres impagos ni expensas) promovida por el consorcio "y condenar al Consejo Provincial de Educación a desocupar el inmueble donde funciona la escuela 248". Puso un plazo de tres meses a partir de la notificación de la provincia que se cumple entre el 7 y el 10 de febrero.
Para anoche en la tradicional escuela que funciona en el barrio Salto desde hace más de 30 años los vecinos habían programado una reunión, con el acompañamiento de docentes. Invitaron al delegado regional del CPE Matías Magallán, quien opera en este tema casi con dedicación exclusiva.
Los padres mostraban ofuscación y su total rechazo a la actitud del consorcio de exigir el desalojo. "Si este consorcio casi nunca funcionó, y hace años el municipio autorizó la instalación de la escuela, por qué ahora quieren el edificio. Lo piensan alquilar para hacer plata dejando a nuestros hijos sin educación y a los maestros sin trabajo", advirtió una mamá. Si bien la presentación a juicio y la posterior sentencia no avalan sus expresiones, la interventora consorcial Rodríguez Cebrián precisó a este diario que nunca se había cerrado la posibilidad de negociaciones.
