El peronismo no quiere que Edgar Echarren y Eduardo Rosso sean fiscal general y defensor general, respectivamente. Por eso ayer los legisladores Carlos Peralta y Silvia Horne los impugnó ante el Consejo de la Magistratura.

¿El motivo? Peralta cree que Echarren "no cumple con los requisitos necesarios para ocupar el importante cargo al que se postula".

Fundó su convicción en "un conjunto de serias irregularidades cometidas por el ex vocal del STJ, en ejercicio de su función como conjuez en el millonario juicio de repetición que la provincia le realiza a Zalesky."

Peralta se refiere al hecho de que Echarren aceptó el cargo de juez en una causa en la que el demandado es precisamente su defendido y cliente -Zalesky-, y en donde "cuestiones básicas de ética y moral, lo deberían haber conminado a excusarse inmediatamente".

La impugnación a Rosso

A su vez, Silvia Horne, explicó por qué no quiere que Rosso sea defensor general. "Hemos acreditado que este actual funcionario judicial ha sido un alto funcionario en los años más oscuros de nuestra historia reciente, ocupando el cargo del Director Judicial del ministerio de Gobierno a partir del año 1978, siendo totalmente incompatible con lo dispuesto por el artículo 7 de nuestra Constitución provincial".

El artículo constitucional al que se refiere Horne establece que "las personas que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en la provincia o en sus municipios". (Fuente ADN/ bloque del PJ)