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	Víctor Ramírez Cabrera había sido condenado a tres años y medio de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

VIEDMA (AV).- El ex juez penal de Viedma, Víctor Ramírez Cabrera, es buscado hasta por la Interpol. La Justicia rionegrina ordenó su captura luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia dictada por la Cámara del Crimen de Viedma en diciembre del 2005.

Ramírez Cabrera se mantuvo en libertad y al quedar fuera de la Justicia ejerció su profesión en San Antonio Oeste hasta hace unos meses. En agosto pasado la Corte notificó a la Justicia rionegrina que confirmaba la sentencia dictada por los camaristas viedmenses y se ordenó la detención del ex magistrado, quien ya no se encontraba en los lugares que solía frecuentar.

Por esta razón se dispuso su captura con notificaciones a la Policía de Río Negro y Policía Federal, mientras que recientemente también se extendió la solicitud a las fuerzas de Interpol, quienes tomaron el pedido de búsqueda y detención. El 2 de diciembre de 2005, el ex juez Víctor Ramírez Cabrera fue condenado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. También se le impuso una multa de 15.000 pesos por el delito de "prevaricato" (delito cometido por un funcionario público) en concurso ideal con el de "falsedad ideológica de instrumento público calificado por la calidad de funcionario público". Por esta "plantación de prueba", el ex juez estuvo detenido 49 días entre abril y mayo del 2001. En tanto, el subcomisario Héctor Hernández fue condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena, al ser considerado autor de "falsedad ideológica de instrumento público calificada por la calidad de funcionario público del autor" en concurso ideal con el delito de "partícipe de falsedad ideológica de instrumento público calificada por la calidad de funcionario público". El sanantoniense Walter Espiase fue condenado a 10 meses de prisión en suspenso como partícipe necesario de "falsedad ideológica de instrumento público". Esta pena fue unificada con otra por "hurto" en dos años y un mes de prisión en suspenso. Para el Tribunal integrado por los camaristas María del Carmen Vivas de Vásquez, Francisco Cerdera y Pablo Estrabou, quedó probado que entre el 17 de abril de 2000 y el 1 de junio de ese año, Espiase, en actitud concertada con Hernández, "urdió con este último y finalmente materializó la colocación de dos chequeras en el patio de la vivienda de Jorge Duhalde en San Antonio Oeste, que habían sido sustraídas en el municipio sanantoniense -delito que se investigaba en el juzgado a cargo de Ramírez Cabrera- con la finalidad de imputarle a Duhalde la comisión del ilícito en esta causa". A Espiasse le imputaron la colocación de las chequeras en cuestión, envueltas en un nailon y dejadas en un auto semi desmantelado que estaba en el patio de la casa de Duhalde, "en una actitud concertada con Hernández", mientras que a este último como jefe del Gabinete de Criminalística de Viedma se lo responsabilizó de presentar un informe en la Justicia en la causa del robo de las chequeras "en el que insertó falsamente" que en la vivienda de Duhalde se encontrarían esas chequeras. Para el Tribunal, el entonces juez conocía la falsedad del dato incluido en el informe de Hernández.