El proyecto gubernamental para reglamentar la publicidad oficial que será analizado hoy no contempla las pautas que la Corte Suprema sugirió en su fallo "Río Negro contra provincia de Neuquén". Tampoco toma en cuenta los Principios Básicos que, sobre la materia, elaboró la Asociación por los Derechos Civiles -ADC-, la ong que más ha trabajado en la Argentina y en América el tema, al que incluye entre los pasibles de constituirse en herramientas de "censura sutil".

En ese documento, la ADC desaconseja que la contratación de publicidad quede concentrada en un solo funcionario de designación política que a su vez supervisa contenidos, lo que presupone un marco sensible a las presiones a través de premios o castigos. Se inclina por la asignación por organismos técnicos, que eviten tanto la discrecionalidad como el favoritismo. Al crear un Registro sin funciones ni exigencia, la iniciativa lo vuelve inútil.

En síntesis, el proyecto gubernamental no previene contra las malas prácticas: que el propietario o gerente de un medio o -en el peor de los casos- el propio periodista que produce su programa, deba acudir a un despacho oficial y escuchar condicionamientos o reproches por notas publicadas o entrevistas hechas, a cambio de mantener un flujo de dinero público para sostener su empresa.