En la sesión de hoy, el oficialismo apurará el tratamiento y aprobación del proyecto sobre publicidad oficial, que mandó hace apenas unos días a la Legislatura el Poder Ejecutivo.
Se trata de un verdadero "proyecto tapón", ya que evitará que sean tratados los cuatro proyectos que sobre el mismo tema presentaron desde marzo de 2007 Fabián Gatti -de Encuentro-, la Defensora del Pueblo Ana Piccinini, la legisladora del ARI Magdalenda Odarda y Carlos Peralta, del partido Justicialista.
La iniciativa oficialista no cambia prácticamente en nada el modo de contratación centralizado y discrecional que rige actualmente en el marco del decreto 750/93, ya que no prevé la licitación pública para asignar el gasto y mantiene las decisiones en la exclusiva órbita de la Secretaría de Comunicación.
Prevé que la adjudicación de la publicidad oficial se rige por los principios de interés general, veracidad, libre acceso a la información, transparencia, razonabilidad, acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión, austeridad en la administración del gasto público y publicidad de los actos de gobierno.
Establece que la autoridad de aplicación realizará al menos, una encuesta anual de medios y programación en el territorio provincial. Se supone -aunque no lo expresa- que es para conocer el alcance de los medios a los efectos de tomar ese dato a la hora de asignar los avisos.
Prevé la creación de un Registro Provincial de Medios en el que deben inscribirse -no especifica si también las productoras y periodistas que producen sus espacios-. No les exige a los medios cumplir con el pago de los impuestos ni las leyes laborales ni de habilitación municipal.
Prevé que se publique mensualmente el listado de contratos publicitarios celebrados, lo que permitirá conocer el gasto.
Si bien plantea una veda de publicidad 30 días antes de una elección y prohibe el uso de la publicidad oficial para promover los intereses de un partido político, no prohíbe su uso para ensalzar la gestión de un funcionario, del gobierno o de un candidato oficialista. No prevé criterios de asignación de la publicidad oficial.
