BUENOS AIRES.- La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la excarcelación de los ex marinos Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y otros diez represores procesados en la megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad, debido a que se vencieron los plazos legales en que estuvieron cumpliendo prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.
No obstante, las libertades no se harán efectivas de inmediato porque antes deben fijarse las cauciones a los detenidos.
Ante la decisión, el fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal, Raúl Pleé, presentará un recurso extraordinario para frenar la liberación de los represores y, si el planteo le es concedido, los imputados seguirán presos hasta que resuelva la Corte Suprema de Justicia, informaron fuentes judiciales.
De ser concedido el recurso, las excarcelaciones quedarían suspendidas hasta que la Corte nacional decida si libera o mantiene presos a los ex marinos acusados.
Las excarcelaciones las concedieron los jueces Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García, de la Sala II de Casación, en virtud que vencieron los plazos que la ley establece para mantener con prisión preventiva a una persona, indicaron las fuentes judiciales.
Todos seguirán procesados, pero este fallo les permite esperar en libertad el juicio por los distintos delitos que se les imputan.
Ahora el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, debe fijar las condiciones en que los represores serán liberados. Las excarcelaciones también alcanzan a Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Víctor Cardo, Alberto González, Raúl González, Juan Antonio Azic y Néstor Savio.
Anoche, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó también la liberación de otros acusados de delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex general Ramón Díaz Bessone y ex el juez santafesino Víctor Brusa.
En la causa anterior, Acosta estaba detenido desde agosto de 2001 y el resto de los ex marinos desde septiembre de 2003.
Para que cada uno acceda a la libertad, deberán presentar tres fiadores que se comprometan patrimonialmente a responder frente al incumplimiento de no estar a derecho de parte de los procesados. Los beneficios de las libertades fueron otorgados en la causa ESMA y en otros expedientes conexos que investigaciones delitos cometidos en el centro clandestino durante la última dictadura, como la desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el desapoderamiento de bienes de desaparecidos.
Fuentes judiciales informaron que la resolución de la Cámara de Casación se basa en la ley 24.390.
La norma establece que "la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años" y que se podrá extender un año más para causas complejas o en las cuales se investiguen varios delitos lo que impida clausurar la investigación antes de esos tiempos. Pero transcurrido ese plazo "el imputado recuperará la libertad bajo la caución que el tribunal determine", señala la ley. (DyN)
