CUTRAL CO (ACC).- La Fiscalía N°1 inició una investigación a raíz de la denuncia que formuló la cooperativa Copelco contra dos empleados. El hecho que ahora está en manos de la justicia busca establecer si se cometió o no el presunto delito de administración fraudulenta por un monto cercano a los 60.000 pesos. La cifra es correspondiente a los últimos 3 meses pero se deberá establecer si se circunscribe a ese lapso o es mayor.
El fiscal Raúl Aufranc confirmó a este diario que los representantes legales de la cooperativa Copelco se presentaron y radicaron una denuncia.
Se trata de dos empleados que ya fueron despedidos y que se desempeñaban como cajeros de la cooperativa. "Se debe establecer si el presunto delito denunciado es una administración fraudulenta, si es que se entiende como administración la labor de un empleado que se desempeña como cajero", dijo Aufranc.
El funcionario judicial manifestó que el monto de dinero denunciado ronda los 60.000 pesos enlos últimos tres meses, pero la Fiscalía investigará si la presunta maniobra fraudulenta se retrotrae a meses anteriores "Se investiga hacia atrás, así que eso también es lo que motiva que la causa aún en Fiscalía para que requiramos con el lapso temporal más preciso. Estamos tratando de definir eso y en principio se trata de los últimos 3 meses", informó.
En la causa penal iniciada se utilizará esa cifra "como indicio pero surgirá el definitivo como parte de la pericia contable que se ordene desde el juzgado", acotó el fiscal. Durante este tiempo se tomaron declaraciones testimoniales a un grupo de empleados que se desempeñan en diferentes sectores de la cooperativa. El presunto perjuicio económico que se produjo es únicamente contra la cooperativa. Desde Copelco, en tanto, se aportó abundante investigación para acompañar la denuncia penal, desde los legajos de los empleados involucrados hasta un informe contable.
La causa está todavía en las manos del fiscal y es probable que antes de fin de año sea remitida al Juzgado de Instrucción N° 1 para que desde allí se continúe con su curso. Allí deberá estar resuelta la calidad del presunto delito: si es hurto o defraudación.
La cooperativa Copelco es la encargada de cumplir con la distribución de la energía eléctrica y el servicio de telefonía en las dos comunidades. Tanto en Cutral Co como en Huincul cuentan con bocas de atención al público donde de manera habitual, los socios abonan sus facturas de consumo. Los empleados que fueron despedidos y denunciados se desempeñaban en estas oficinas.
Finalmente, Aufranc especificó que en caso de comprobarse el delito de hurto, las penas se ubican desde un mes a dos años de prisión mientras que para la defraudación la condena va desde el mes a seis años.
