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La acusación ratificó la validez de las pruebas | ||
Querellantes y fiscales replicaron a los defensores. Los familiares piden el fallo antes del 1º de enero. | ||
NEUQUÉN (AN y ACE).- La fiscalía rebatió todos los argumentos de los defensores de los militares que pretenden la anulación del juicio, así como el desprocesamiento y la absolución de los ocho militares acusados de delitos de lesa humanidad. Los fiscales Manuel Balboa y Marcelo Grosso aseguraron que los jueces “no tienen impedimentos” procesales para evaluar la prueba que fue presentada durante estos cuatro meses de audiencias. Derrumbaron los argumentos defensistas que plantearon que los testimonios escuchados durante el debate “eran nulos”, y recordaron que los recursos de “cosa juzgada”, “prescripción” de los delitos cometidos y el justificativo de “obediencia debida”; ya fueron rechazados por la Corte Suprema, por lo que carecen de validez argumentativa. La fiscalía cuestionó la postura de la querella del Ceprodh respecto de que todos los dichos de quienes integraron las fuerzas de la represión en 1976 no debían ser escuchados por haber sido partícipes de los hechos en investigación, e insistió en que el planteo político “pretende que el Tribunal caiga en la orfandad probatoria. Hubo prueba testimonial sin impedimentos para que los jueces la evalúen”, dijo. Balboa reafirmó la solidez del testimonio del fotógrafo de inteligencia, Miguel Suñer, quien dio detalles de quiénes eran los que secuestraban, interrogaban y se ocupaban de la desaparición de las víctimas que pasaban por el centro clandestino en 1976. “El juez (Rodolfo) Rivarola obró dentro de las facultades otorgadas para hacerlo, no cambió información por impunidad como lo dijo el defensor Gerardo Ibáñez; esa conducta es imposible en la persona de Rivarola”, dijo el fiscal. Insistió en que “no hubo obstáculo procesal” en la declaración de Suñer. También atacó el planteo de la defensa oficial de que la declaración de Suñer debía ser considerada “ilegal”, recordó que tampoco los jueces de la Cámara de Bahía Blanca vieron impedimento en documentar lo que dijo el fotógrafo y que los jueces podían evaluar sin problemas todo lo que declaró “sobre la actuación de terceros”. Recordó que el fotógrafo falleció en 2005 –luego de varias declaraciones ante distintos jueces– y que la defensa nunca cuestionó en vida su testimonio. La fiscalía reiteró que los graves delitos de los que están acusados los militares son “de lesa humanidad” y por esta razón “imprescriptibles”, por lo que los militares no pueden hacer planteos de prescripción como si se trataran de “delitos comunes”. Le respondió a los defensores que si no se llegó antes a estos juicios fue “por el accionar de las mismas Fuerzas Armadas”. Ejemplificó que con el “documento final” los militares trataron de imponer el criterio de que sólo podían ser juzgados “por Dios” y dejar el castigo de los graves delitos cometidos a “sus propias conciencias”. Enumeró luego las presiones sobre legisladores y políticos para sancionar la ley de Punto Final y los levantamientos militares que derivaron en la excusa de la “Obediencia Debida” para impedir la condena | ||
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