Importantes novedades incluyó el informe de la jueza de Choele Choel que el Consejo de la Magistratura analizó el viernes en respuesta a la denuncia del ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez. Marisa Bosco reveló las tensas comunicaciones que intercambió con las autoridades de la Unidad Regional y de la Jefatura de Policía desde que inició la investigación de presunta connivencia policial en la trata de personas para su explotación sexual.
Bosco relató avasallamiento a sus facultades e intimidación a personas que intervinieron a su pedido en la pesquisa, como el sumario con quita del salario al oficial subinspector Gabriel Ormeño, quien aún está afectado a la tarea en el Juzgado 30 de Choele Choel. Además, señaló que remitió al Juzgado a cargo de Rubén Norry, en Roca, una escucha que podría tener relación con la muerte del interno Pablo Torres en la Alcaidía local.
Detalló la jueza que la Jefatura de Policía negó el traslado a un oficial de Catriel que ella había solicitado para afectarlo a la investigación. Y reseñó que el jefe de Policía le objetó que afectara a oficiales a la causa, señalando la jueza que dará más pormenores del dálogo si se lo pide el Consejo de la Magistratura.
Bosco enumeró las veces que informó a la Jefatura y al ministerio de Gobierno sobre la causa que involucra a varios policías rionegrinos en presunta colaboración con proxenetas, y aseguró que desconoce quién suministró a la prensa la transcripción de las escuchas en las que un oficial de Roca aparece adviriendo de una inminente inspección y pactando favores sexuales de una alternadora.
El Consejo de la Magistratura -que exigió a la jueza responder en 24 horas- pidió al STJ antecedentes administrativos del caso, lo que dilatará cualquier resolución. Rodríguez visitó el martes a la magistrada y dio por superadas sus dudas.
Bosco puntualizó en 18 páginas cómo se tramitó la causa desde su inicio, el 9 de abril de 2007, a raíz de la publicación en "Río Negro" de una escucha derivada del expediente en el cual el Juzgado de Cipolletti tramitaba la búsqueda de la menor Otoño Uriarte, de Fernández Oro. La acción la impulsó de oficio el fiscal Guillermo Bodrato y los primeros allanamientos a la Comisaría 8va y a los domicilios del oficial César Cayumil y del subcomisario Moisés Rodríguez los dispuso el entonces juez subrogante, Darío Soto.
Negó haber dado intervención en la causa a la Defensoría del Pueblo, aclarando que tampoco le fue solicitado por ese organismo, y negó haber autorizado la difusión de la transcripción de las escuchas rechazando al respecto lo dicho por el ministro Rodríguez en su presentación ante el Consejo de la Magistratura. Dijo que ni el ministerio de Gobierno ni la Jefatura de Policía fueron informados del contenido de las escuchas "porque no corresponde".
