Las coimas que pagó, o se comprometió a pagar, la multinacional alemana Siemens a funcionarios de los gobiernos de Menem, De la Rúa y Duhalde, suman 105 millones de dólares. Al parecer, no aludió a hombres de la gestión Kirchner. El objetivo fue obtener y mantener un contrato de u$s 1.000 millones para la confección de pasaportes y DNI.
Se trató de “significativos pagos” de manera “directa e indirecta” a “varios” funcionarios, entre septiembre de 1998 y el año 2007.
La admisión hecha por primera vez por escrito y ante una Corte Federal de Estados Unidos, más el pago de una multa de más de US$ 800 millones al fisco en EE. UU y otros US$ 533 millones en Europa, le permitirá a la empresa el archivo de gravosas causas judiciales en su contra y le evitará su salida en la Bolsa.
No trascendieron nombres. Sólo se conocieron iniciales meses atrás, cuando la información se filtró en una publicación de Alemania: el semanario Der Spiegel. Las iniciales y coimas referidas fueron "CC", con u$s 9,75 millones; "HF", también u$s 8,75 millones ; "CM", con u$s 16 millones; y "CS", por u$s 7,5 millones. Tal publicación dedujo dos nombres en relación con las siglas: el ex ministro del Interior Carlos Corach y al ex director de Migraciones Hugo Franco. Ambos negaron el cobro de sobornos.
En el escrito judicial se evitan nombres de funcionarios argentinos y ejecutivos implicados. Sólo se habla de "agente A", "ejecutivo B", "consultora A" y "ex funcionario A".
El nexo entre funcionarios y Siemens es un ex ejecutivo (“agente A” o CS de la lista de la prensa alemana. Fuentes de la causa señalaron a “La Nación” que podría tratarse de Carlos Sergi, ex directivo de la empresa y con aceitados vínculos con el menemismo. Se especifica que tal "agente A" se reunió en Miami con enviados de Siemens el 6 de julio de 2001, para negociar el desembolso de u$s millones. “Ese mismo agente también mantuvo reuniones en Munich, en 2002 y 2003 para urgir pagos adeudados, y aparece como el dueño de un "grupo consultor" que canalizó las coimas y los pagos hasta enero de 2007”, especifica el corresponsal en Nueva York, Hugo Alconada Mon.
Añade que, por el lado de Siemens, fueron protagonistas máximos referentes en Alemania y en la Argentina, como el ex CEO mundial Heinrich von Pierer; el referente para América Latina Uriel Shafer; y, probablemente, el director general para Argentina Mathias Kleinhempel. Sharef fue quien coordinó una visita de la entonces candidata Cristina Kirchner a las plantas de la compañía en Alemania.
Se alude también a funcionarios del duhaldismo (al menos “dos ministros”, uno de los cuales habría entre u$s 6 y 10 millones pedido a cambio de que se reflote el acuerdo comercial pro los DNI y pasaportes.
La admisión de Siemens se produjo tras alcanzar un acuerdo con la División Criminal del Departamento de Justicia y la Comisión Nacional de Valores estadounidense. Juntos presentaron una declaración ante el juez Richard Leon, quien fijó la condena: u$s 800 al fisco de Estados Unidos.
La multinacional reconoció sus delitos en muchas partes del mundo, pero en especial se explayó sobre su conducta en Argentina, Venezuela y Bangladesh.
"Iniciando alrededor de septiembre de 1998 y continuando hasta 2007, Siemens Argentina hizo y causó que se hicieran pagos significativos a varios funcionarios argentinos, tanto de manera directa e indirecta, en un esfuerzo por mantener negocios en marcha o asegurarse futuros negocios", dijo el jefe de la Sección Fraude de la División Criminal, Steven Tyrrell.
La operatoria incluyó desembolsos directos de subsidiarias de Siemens por US$ 15,7 millones, triangulaciones por medio de un "grupo consultor" (otros US$ 35,1 millones), y giros por medio de cuentas o sociedades en Uruguay, Dubai, Estados Unidos y las Bahamas por "al menos" US$ 54,9 millones. Siempre, ocultos en "consultorías" o "gastos legales", hasta llegar a un total de US$ 105,7 millones.
Durante la presidencia de Carlos Menem el grupo Siemens, asesorado por el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, hizo la mejor oferta y ganó la licitación para los DNI. La multinacional estimó el costo de cada DNI en 30 pesos, incluido IVA, pero en 1998 la Justicia argentina empezó a investigar irregularidades en la licitación.
La investigación continuó por parte de la Oficina Anticorrupción en 1999. A mediados de 2001 De la Rúa rescindió el contrato. Siemens llevó, entonces, el caso al tribunal arbitral CIADI, quien condenó a la Argentina al pago de 217 millones de dólares.
