CIPOLLETTI (AC).- "Si pagan se quedan, si no, se deberán ir", dijo ayer Mabel Rodríguez Cebrián, la interventora en el consorcio del barrio Julio Dante Salto, las 432 viviendas, en el que está ubicada desde hace más de 25 años la escuela primaria 248.
Sobre la escuela pesa la posibilidad de desalojo en función de una sentencia dictada el 7 de noviembre último por el titular del juzgado en lo Civil 3, Marcelo Gallardo, expresado por Gutiérrez a este diario el sábado. "El juicio iniciado a pedido del consorcio es por desalojo. No se pide pago de alquileres ni dinero", fue su contundente definición, por lo que los dichos de la responsable del consorcio no concuerdan con lo afirmado por el juez interviniente.
A la escuela, por la que se accede directamente desde calle La Esmeralda, concurren unos 500 alumnos y la mayoría es del propio barrio, por lo que ayer había malestar entre los vecinos. Máxime, cuando no hubo una reunión masiva ni asamblea para iniciar el juicio.
En el Julio Dante Salto el consorcio ha tenido funcionamiento dispar, por lo que históricamente ha sido problemático el cobro de las expensas. Más aún, la interventora Mabel Rodríguez dijo ayer que "hay más de 200 juicios" contra pobladores que incumplen el pago de expensas.
El desalojo -si la Cámara Civil de Cipolletti corrobora el fallo de Gutiérrez- debería efectuarse entre el 7 y el 10 de febrero, a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2009, lo que pondría en riesgo la educación del alumnado y el trabajo docente.
Aparte de la Fiscalía de Estado, que ya presentó una apelación, interviene el director de Asuntos Legales del Ministerio de Educación y del CPE, Jorge Palma, quien está estableciendo un canal de diálogo.
Lo confirmó la propia interventora consorcista. "Estamos buscando un acuerdo. Si pagan no habrá problemas. Pero si no, deberán dejar el edificio", proclamó.
No quiso avanzar en los detalles de lo que conformaría al consorcio en cuestión de dinero, pero las opciones no son muchas: contrato para un alquiler a partir de noviembre del 2008, sin otros condicionamientos, o contrato y un monto a estipular por alquileres no pagados a lo largo de años.
"El consorcio quiere plata", confió una funcionaria cercana a la máxima conducción del CPE.
Un rechazo unánime ha habido en diversos sectores de la vida comunitaria lugareña a partir de la noticia de que se está exigiendo el desalojo de una escuela. Lo sintetizó Carina Pita, del sindicato docente Unter. "La educación de los chicos y el trabajo de los docentes no puede supeditarse a un conflicto judicial".
Se supo que hay padres de ésa y otras escuelas que están programando una reunión y una posterior convergencia a la 248 para manifestar su repudio a la postura de la interventora consorcial.
