VIEDMA (AV)- El gobernador Miguel Saiz le respondió al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. El Ejecutivo "ha brindado y brinda el acceso completo a toda la información que obra en su poder, por lo que la espectacularidad y mediatización de los procesos judiciales alterando las garantías del debido proceso sólo buscan repercusiones extra judiciales o efectos políticos". Así señala la información oficial difundida por el Ejecutivo rionegrino en respuesta a la manifestación del Colegio que agrupa a jueces y funcionarios judiciales, quienes condenaron la queja del gobernador contra un juez y un fiscal que investigan presuntas irregularidades con pasajes oficiales.

"Si la diligencia puesta de manifiesto en la averiguación de lo acontecido justifica el pedido de un juicio político del juez y del fiscal como anunciara el señor gobernador, lejos estamos de poder afirmar que en Río Negro rija el estado de derecho, con grave afectación a la independencia de los poderes del Estado", había señalado el Colegio.

Para el Ejecutivo, "el orden institucional no tiene lugar para la politización o el desvío en la administración de Justicia ni de los órganos de control", e interpretó "llamativa la reacción corporativa de los magistrados en defensa de un juez y un fiscal que usaron en forma desmedida y con exceso sus facultades. No han actuado de igual forma cuando otros órganos del Estado han reclamado a alguno de sus asociados por la demora o falta de resolución de innumerables casos". Agregó que el Ejecutivo "en pleno uso de sus facultades no permitirá la extralimitación de ningún poder del Estado que altere o busque alterar el orden institucional vigente", y ratificó lo actuado como modo de afirmar el estado de derecho".

Afirmó que "la queja ante el STJ es una medida instituida justamente para señalar el avasallamiento y la extralimitación de los funcionarios judiciales en el marco de un estado de derecho".

Se indicó además que "generalmente se habla del avance del Ejecutivo sobre facultades de otros Poderes constitucionales pero son tan graves esas como los excesos de la Justicia o de un organismo de control, en el caso de un juez y un fiscal, sobre el resto de los poderes. Los procedimientos legales deben ser respetados, en particular en situaciones de normalidad administrativa en que sólo era necesario requerir los expedientes y no un allanamiento que claramente buscaba otros fines que los previstos por la ley", dijo el Ejecutivo.