COSTA DO SAUIPE (enviado especial, DyN/RC).- La posibilidad de que el Mercosur pueda contar con un Código Aduanero Común quedó ayer nuevamente trunca debido al desacuerdo interno que generan las retenciones a las exportaciones que aplica la Argentina.
Al igual que hace seis meses en Tucumán, el rechazo de otros socios del bloque a que figure la posibilidad de cobrar un impuesto a las exportaciones hizo que no avanzara el proyecto.
Argentina pretende que las retenciones figuren como uno de los gravámenes que cobrarán las aduanas del Mercosur, Uruguay se opone y Brasil dice que no es necesario que figure y que se entiende que forma parte de la jurisdicción nacional.
Los negociadores del bloque casi han logrado unir criterios en todo menos en ese punto delicado.
El gobierno argentino busca de algún modo convalidar la política de retenciones que hoy cumple un rol clave para la caja fiscal, y de paso, justificar el cobro del impuesto a las exportaciones, aun cuando se trate de destinos dentro del bloque. Es que para la administración Kirchner este impuesto le permite hoy contar con el superávit fiscal necesario para sostener el modelo económico.
Mas allá de ello, vinculada a la cuestión del código aduanero común, los cancilleres decidieron volver a reunirse en la primera mitad del año próximo para terminar de definir el mecanismo de distribución de la renta aduanera una vez que se elimine el cobro de doble arancel.
"En las negociaciones con la Unión Europea, nos han enrostrado muchas veces que no haya un tránsito libre de mercaderías en el Mercosur. La única solución es seguir trabajando en ello", sostuvo en una conferencia de prensa el canciller de Brasil, Celso Amorim. Amorim, quien dijo sentirse "frustrado" por no poder poner en marcha el mecanismo, informó que "Paraguay presentó objeciones" a la propuesta que se estaba discutiendo.
Brasil y Uruguay son los que más se oponen a la aplicación de retenciones a las exportaciones.
Según lo conversado, la eliminación del cobro del doble arancel en el Mercosur arrancaría de manera limitada, con un fondo de distribución de 30 millones de dólares e incluirá productos con hasta un 6% de tarifa externa para determinados productos.
Se piensa comenzar en esas condiciones por dos años y después subirlo a otros porcentajes mayores. Esa cifra, en realidad, no corresponde al dinero producido efectivamente por el cobro del arancel de un producto que ingresa a un país del bloque y que termina en otro. En rigor, el fondo es arbitrario debido a que resulta prácticamente imposible establecer la trazabilidad de un bien ingresado en un país y consumido en otro.
