Los profanos logran aceptarlo sólo bajo amenaza de excomunión o destierro social. Sin embargo, para los miembros del club el argumento es magistral, casi sublime. Eso de media biblioteca de un lado y la otra mitad del otro habilita, sin cargo alguno de conciencia, a continuar la fiesta. Un pragmático zapalino de esos que evalúan todo con mirada empírica reflexionaba sobre usos y costumbres de la profesión. Y desde la cátedra del cortado con media luna sentenciaba: "En el mundo serio están entrenados para juicios por jurado; con lo cual los argumentos y la facilidad para hacer entendibles los jeroglíficos judiciales tienen peso a la hora del veredicto. En Argentina se capacitan para negociar. De allí que el rito previo al juicio tenga tanta intensidad. Dos datos les quitan el sueño: el nombre del juez donde aterriza la causa y el abogado de la contraparte". Y de esta manera -apurando su café- remataba: "Como en la perinola, todos pierden. Menos ellos, por supuesto: los eruditos del debido proceso".

Observar y medir "efectos" es un mecanismo posible. La "efectividad" es una disciplina que procura explicar por qué ocurren cosas que finalmente suceden. Ciertos resultados ("outcome", en la jerga científica) tienen más chances de ocurrir cuando aparecen causales que los provocan. Pero también es posible que determinados eventos aparezcan sin explicaciones demasiado significativas. Evidentemente esta última posibilidad tiene menos probabilidades de acontecer que la primera y, de pasar, el hecho se atribuye al azar. Esto, que matemáticamente se conoce como "cuadro de contingencia", se puede medir con la prueba del Chi cuadrado, entre otras, y parte de un único principio que diferencia la ciencia de las creencias, mitos o suposiciones: el test de hipótesis. Cuestión ésta última, lamentablemente ausente en el pensamiento jurídico.

La civilización inca (1250-1548) construyó uno de los sistemas sociales, políticos y populares más espléndidos de la historia humana. Sólo fue vulnerable a la tecnología bélica y la felonía política de Francisco Pizarro (1476-1541). Llamativamente, la influencia incaica aún mantiene -en Bolivia y Perú- vigencia sobre millones de descendientes aymaras y quechuas. "Ama Llulla, Ama Sua, Ama K´hella". No mientas, no robes, no seas haragán. Lema imperial y trilogía nomológica que, aceptada y respetada, separa -de manera constante- a los buenos de los malos.

En Argentina, en cambio, lo efímero de las modas domina todo: el ocio, la expresión, la egolatría, la fama, las ideas, el posicionamiento espacial de la política (derecha, centro, izquierda), etcétera. También el paisaje judicial. Hasta no hace mucho, funcionarios y magistrados juraban fidelidad eterna a un estatuto militar mientras frente a sus propias narices desaparecían miles de compatriotas sin ningún tipo de amparo. La variante actual, en el otro extremo, acumula delincuentes en el rincón de la protección jurídica. La modalidad impulsa la libre circulación de cientos de marginales que entran por una puerta y salen por la otra. Una vez más la variable ideológica contamina un ícono que sabía tener ojos vendados. Porque en la fantasía rioplatense todo es exagerado: Gardel, Fangio, Maradona, Borges, el Che, la hiperinflación, el dólar barato/caro, etcétera. Sólo falta un Papa argentino y la felicidad es total.

En sintonía con la "argentinidad al palo" explotó, no hace mucho, el concepto del ultra-garantismo, cuya secuela telúrica alumbra dos subproductos poco entendibles para muchos peatones criollos: 1) piedra libre para las aventuras de robo, violencia y muerte y 2) libertad con frente alta y conciencia limpia para infinidad de victimarios. Mientras tanto ellos, los cardenales del rito contencioso, junto a párrocos y monaguillos leguleyos, cierran concilios herméticos para imaginar credos distanciados de la protección institucional que pretende el común de la ciudadanía.

Hay cosas peores, sin embargo. Entre ellas, el desprestigio de la figura presidencial. De los 31 presidentes más o menos constitucionales, los números dicen que el 64% eran abogados, el 13% militares y sin profesión, un 10%. Por otro lado, tan sólo el 13% corresponde a profesiones varias: un maestro, un médico, un odontólogo y un ingeniero. Es decir, demasiados expertos en el arte del discurso y la arenga y pocos constructores y servidores sociales. Si se incorporan a la base de datos los gobernantes provenientes de procesos no democráticos se obtiene algo así: un 44%, abogados; un 40% militares y 7%, sin profesión. Oficios nobles desde lo humanístico y constructivo (docentes, ingenieros y profesionales de la salud), tan sólo el 9%.

Si bien no es terminante la utilización de indicadores de tendencia central (promedio, en este caso), sirve para caratular un tema. Porque en estadística existen otras formas para analizar poblaciones, como las medidas de dispersión; por ejemplo, qué tan lejos se encuentra, calculado en desvíos estándar, el médico Arturo H. Illia (1900-1983) del promedio presidencial dominado por abogados. Y finalmente, gracias a los análisis multivariados, están las medidas de efecto, por las cuales se puede asociar a presidentes argentinos con profesión de abogado a resultados sociales, económicos, de desarrollo, equidad, etcétera. Ciertamente, es posible profundizar la visión del fenómeno. El azar (error en el idioma técnico) tiene mucho significado en estudios de probabilidades; la intervención de Juan D. Perón (1895-1974) y sus consecuencias, a pesar de pertenecer al gremio militar, verbigracia.

La manera más barata para transformar una teoría en poder es emplazando un dogma. Un precepto de "esos-de-prepo" requiere, indefectiblemente, un instrumento que lo encripte, de ser posible, con rango símil al Pacto de San José de Costa Rica. Si es bula papal, tabla mosaica o versículo del Corán, mejor. Pero también hace falta una cohorte de prosélitos, los cuales le hacen un enorme favor a la causa si vienen tirando a ignorantes. Ésa es la trocha por la cual viene avanzando la Justicia argentina, casi en forma imperativa. O poco entendible para quienes tienen vedado el altar de la aristocracia tribunalicia. Posiblemente el dilema necesite una ración de epistemología.

No estaría mal que jueces y abogados leyeran algo sobre ciencias y pseudociencias. Tal vez si rumiaran un poco a Karl Popper, Imre Lakatos y Mario Bunge estarían mejor posicionados para entender cómo funciona el vecindario más allá de los privilegios feudo-judiciales. Es que el ruido generado por los fundamentos, útiles en principio a la propia corporación, impide percibir el sentido común de las cosas razonablemente lógicas. Ellos, los graduados en las casas de altos estudios jurídicos, tienen enorme influencia en el diseño de leyes. Más tarde, entre cuatro paredes y la dichosa biblioteca, las interpretan. Y finalmente, desde la res pública, las ejecutan.

La habilidad de los constructores de hegemonía tiene que ver con los preceptos que imponen al remanente comunitario, definido -con toda elegancia- como asimétrico. En otras palabras, esta virtud -casi teologal- ataviada por códices, tratados e íntimas convicciones es sólo para la casta de matriculados. El resto del colectivo social, asumiendo su condición de discapacitado cultural, acepta el único rol asignado: el de sumiso proveedor que alimenta financieramente el sistema.

ANDRÉS J. KACZORKIEWICZ

(*) dr-k@speedy.com.ar