ROCA (AR).- El Consejo de la Magistratura decidió ayer iniciar un sumario al juez Pablo Iribarren y al ex fiscal y actual juez de Cámara, Álvaro Meynet, para investigar sus desempeños en la instrucción del primer triple crimen ocurrido en Cipolletti, en el año 1997.
La medida contra los funcionarios fue adoptada ayer en presencia de los padres y el hermano de dos de las víctimas, quienes asistieron a la sesión que se inició pasadas las 8.30 en Roca.
Desde temprano, Ulises González y los Familiares del Dolor se instalaron en la sede administrativa del Poder Judicial, a la espera del encuentro que les permitirá establecer si los funcionarios judiciales actuaron de manera eficiente en la extensa investigación por el crimen de María Emilia y Paula González y Verónica Villar.
"Creemos que las cosas no se hicieron bien en muchos aspectos", señaló Ulises González, minutos antes de conocer el dictamen unánime, por el cual los funcionarios se encaminaban al sumario que llevarán adelante el camarista Carlos Vila y el abogado Marcelo Campetella.
Determinante
Para el inicio de las actuaciones en el Consejo de la Magistratura, que presidió el juez Alberto Balladini, fueron determinantes dos informes. El primero fue elaborado en 2003 por la Comisión Especial Legislativa de estudio y análisis de la investigación, según lo establecido en la Ley Nº 3491.
Por ese entonces, los diputados concluyeron que en la investigación, la "actividad probatoria fue profusa pero inoficiosa, inútil e incompleta" y que si bien tanto el juez como el fiscal se presentaron de inmediato en el lugar "no adoptaron las medidas necesarias para el resguardo de la escena del crimen".
"El juez debió haber requerido de inmediato las actuaciones y no delegar las primeras diligencias en la policía (resulta llamativo que quienes tuvieron a cargo tal tarea luego fueron relevados de sus cargos por las autoridades superiores)", indicó otro de los párrafos del trabajo, donde también se destacó que en esa investigación "no hubo método ni discrecionalidad. La pesquisa fue vacilante, errática e incompleta".
El otro informe correspondió al auditor del Poder Judicial, Gustavo Martínez, quien coincidió en estas críticas y agregó que nada justificó tantas "desprolijidades".
El abogado defensor de Iribarren, Oscar Pineda, adelantó que la próxima semana presentará un escrito donde "recusará" a los consejeros que ya actuaron en otro proceso por el cual el magistrado fue suspendido por 60 días. La resolución había sido adoptada por el mismo Consejo de la Magistratura, al evaluar su actuación en el caso del ginecólogo Alberto Paita.
"Pero además, cuánto tiempo van a estar con esto. Ya pasaron 11 años, esta causa está totalmente prescripta", aseveró.
