El juicio a los militares acusados de la represión ilegal en el centro clandestino de "La Escuelita" está tocando a su fin y los elementos acumulados, desde la prueba documental hasta los numerosos testimonios, no dejan dudas sobre la responsabilidad de los acusados por su participación, en la zona, en el plan criminal desplegado por la dictadura a partir de 1976.

Esta semana, los fiscales Manuel Balboa y Marcelo Grosso hicieron un alegato contundente y reclamaron una pena de 25 años para siete ex jefes acusados de los secuestros y torturas de 17 víctimas y la desaparición forzada de otra, y de 20 años para un suboficial acusado de uno solo de esos casos.

Los defensores oficiales, a su turno, alegaron que no hubo pruebas suficientes y por las dudas acudieron al expediente de la obediencia debida. Pero como señaló la Cámara Federal de Roca que confirmó otros 25 procesamientos, entre los que se cuentan los de los mismos imputados en esta causa y otros militares, civiles y miembros de la fuerzas de seguridad -entre ellos el tristemente célebre Raúl Guglielminetti-, nadie puede sensatamente alegar que le ordenaron torturar, porque cualquiera que haya cursado la escuela primaria sabe de sobra que los tormentos están abolidos desde la Asamblea de 1813.

La defensa -acaso justamente por tratarse de la oficial- no reivindicó a la última dictadura ni el terrorismo de Estado y se limitó a alegar que existió desde 1983 "un tiempo razonable" para llevar a los imputados a juicio" y que si esto no se produjo no fue por responsabilidad de los imputados. Como si a esta altura no estuviera claro para todo el mundo que fue precisamente por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final oportunamente sancionadas para poner dique al accionar a la Justicia, que eso no se pudo concretar hasta ahora.

En realidad, como expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien desembarcó esta semana para estar presente durante la acusación de la fiscalía, la prueba es contundente pero resulta necesario armonizarla con todos los indicios, porque el Estado, que fue el que violó toda ley durante la represión ilegal, "lo hizo tratando de no dejar rastros".

Desde la famosa "Causa 13", como se conoce a la del juicio a los comandantes del Proceso, ha quedado definitivamente probado que existió un "plan sistemático" de secuestro, tortura y desaparición de personas que funcionó como un engranaje siniestro en manos de las fuerzas armadas y de seguridad, de manera tal que ninguno de los que tomaron parte en estos procedimientos puede alegar desconocimiento o inocencia.

Así lo entendió la fiscalía al dejar sentado, entre otros señalamientos, que el ex jefe de la Brigada, el general (R) Enrique Olea "no podía desconocer que sus aportes eran indispensables para el sostenimiento del lugar", es decir el funcionamiento del centro clandestino donde se torturaba y desaparecía o eventualmente liberaba a los detenidos.

La cuestión no es menor porque lo contrario podría implicar que mercenarios subordinados como Guglielminetti, que sí fue identificado por varias de sus víctimas, recibiera condena mientras que el responsable mayor de los crímenes cometidos en los fondos del Batallón quedará impune.

Resta conocer aún el planteo de los defensores contratados por los propios militares, pero no sería de extrañar que en sus alegatos éstos opten por reivindicar la teoría de los dos demonios, como ya se ha visto hacer al ex jefe del Tercer Cuerpo, el general Luciano Benjamín Menéndez, y otros acusados por delitos de lesa humanidad.

Juntamente con la impunidad de la que gozan los autores de estos crímenes, la teoría de la simetría en la comisión de estos delitos es, además de manifiestamente asimétrica, una de las principales responsables de que la sociedad en su conjunto se haya desentendido durante tanto tiempo de los efectos del terrorismo de Estado. Tanto como de su eventual responsabilidad, por comodidad, cobardía u omisión, en ese tema crucial.

Pero independientemente de los argumentos de los defensores, durante estos más de tres meses que lleva el juicio, ha quedado suficientemente demostrado, tal como lo señaló la Cámara de Roca en su último pronunciamiento, que los delitos por los que están acusados los imputados son "de lesa humanidad" y por lo tanto "imprescriptibles", porque fueron cometidos desde y bajo el amparo del aparato del Estado.

El próximo 18 les tocará exponer a los acusados y, aunque resulte muy poco probable, sería deseable que alguno de ellos echara alguna luz sobre la suerte de las víctimas, tal como han venido reclamando infatigablemente a lo largo de todos estos años los familiares. No sólo porque saber la verdad de lo que pasó es lo menos que éstos pueden esperar, también porque entenderlo así y obrar en consecuencia sería un rasgo de humanidad, de utilidad para la sociedad en su conjunto.

Luego vendrá el fallo. Independientemente de los matices que pueda expresar cada juez, los integrantes del tribunal tienen la responsabilidad de asumir hasta las últimas consecuencias este pronunciamiento trascendental. Ningún argumento de técnica jurídica puede servir para tapar el sol con la mano: la existencia del plan sistemático quedó ampliamente demostrada con el juicio a los comandantes.

Resta por saber la fecha definitiva en que será conocida la sentencia. El tribunal hizo saber que no es seguro que se pueda conocer antes de fin de año por lo extenso de las fundamentaciones. Como en enero es la feria judicial, existen dos posibilidades: o se conoce a fin de este mes o habrá que esperar hasta febrero.

Esta última alternativa sería por demás inconveniente, teniendo en cuenta que agregaría una nueva dilación a la cantidad de años que llevan las víctimas y los familiares aguardando que se haga justicia. En realidad no parece haber ningún impedimento para que los jueces den a conocer la sentencia antes de fin de año y los fundamentos luego de la feria.

HECTOR MAURIÑO