El mayor mérito de la investigación periodística del caso Watergate no fue, como muchos suponen, haber provocado la caída de un presidente norteamericano sino que generó una inmensa puesta en valor de la información como bien social.

Se han escrito miles de páginas sobre qué motivación tuvo el espía Mark Felt para convertirse en el "Garganta Profunda" que permitió a los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward escribir durante dos años los artículos sobre el ilegal espionaje republicano en un local demócrata.

Hoy, todos coinciden en que Felt reunía dos elementos clave en relación con la maniobra: tenía acceso a la información y un motivo para filtrarla. No es relevante saber si cierto afán de revancha se unió a su sentido del deber. La importancia fenomenal de lo que para sus pares fue una deslealtad y para muchos un acto heroico es que permitió a los norteamericanos conocer que funcionarios del Poder Ejecutivo malversaban bienes públicos con fines electorales y que el propio presidente de la Nación había pagado para encubrir esos delitos.

No es la primera vez que el gobierno de Río Negro olvida esa lección de la historia y arremete contra el mensajero pretendiendo minimizar el contenido de un mensaje que lo salpica.

Más aún, podría decirse que la gestión Saiz ha vuelto a tropezar con la misma piedra.

En abril del 2007 Víctor Cufré era subjefe de Policía, Iván Lazzeri acababa de dejar el Ministerio de Gobierno y Miguel Bermejo era secretario de Seguridad. Los dos últimos agraviaron al auditor del Poder Judicial y al juez del STJ Víctor Sodero Nievas porque sospechaban que habían dejado "filtrar" la escucha que mostraba a oficiales y suboficiales de Choele Choel dispuestos a colaborar con un proxeneta en "blanquear" documentación de alternadoras menores de edad haciendo parecer que no lo eran. Hasta hicieron denuncia penal.

Apenas un par de días después se supo que la causa en cuestión no estaba bajo secreto de sumario y que al menos cinco juegos de fotocopias pagadas por el propio Ministerio de Gobierno habían circulado durante seis meses en el Comité de Crisis integrado por gente de esa cartera, de Policía y de Justicia. Nadie pidió disculpas.

En estos días, la historia se repitió con el mero cambio de protagonistas. El ministro es José Luis Rodríguez, Cufré ahora es jefe. Y las "sospechosas" de informar son la jueza Marisa Bosco y la defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

En la Policía, en tanto, nada ha cambiado. La falta de sumarios terminados y las nuevas escuchas difundidas lo evidencian.

La causa es la misma, aunque con varios cuerpos más. Tampoco está bajo secreto de sumario. Y la jueza había informado a Jefatura sobre los oficiales involucrados.

Resulta asombroso que políticos de tanta trayectoria no adviertan la gravedad institucional de amenazar a funcionarios que tienen la función constitucional de investigar y controlar a los poderes públicos.

No implica sólo desconocimiento técnico de los procedimientos judiciales sino un desmedido intento de cambiar el eje de la cuestión y de mofarse de los ciudadanos.

El ministro debió mostrarse indignado por saber que un alto oficial fue grabado anunciando por teléfono una inminente inspección policial en un cabaret y solicitando a cambio el favor sexual de una alternadora, a quien requirió por su nombre.

Debió amenazar con dureza a sus subordinados y asegurar que no descansará hasta identificar y castigar administrativamente al funcionario policial que tan poco interés mostró por cumplir con su obligación de prevenir y combatir los delitos, entre los cuales se cuenta lucrar con la explotación sexual de personas de cualquier sexo o edad abusando de su necesidad o limitando su libertad de elegir.

No lo hizo. Y hasta el momento, no hay razones para suponer que lo haga. De hecho, los oficiales y suboficiales que fueron imputados hace meses por la jueza Bosco no han sido separados del cargo sino ascendidos.

Y el único sancionado en relación con este caso es el policía que colabora con la magistrada en la investigación.

La protección política de cualquier delito es una afrenta a la ciudadanía.

Pero más aún cuando el caso involucra a quienes tienen como misión proteger los derechos de la comunidad y combatir el delito.

Resulta improbable que el ministro Rodríguez haya actuado así porque él mismo tenga algo que ocultar en relación con la trata de personas. Es de suponer que lo hizo empujado por un equivocado sentido de lealtad corporativa con personas que están bajo sus órdenes.

Pero, al hacerlo, no pudo ignorar el costo político que deberá asumir.

Si es un funcionario probo, tendría que haber marcado diferencia con quienes no lo son. Sin importar incluso si tiene vínculos de amistad o camaradería con las personas en cuestión.

El atropello a la independencia judicial que marcaron sus palabras lo deja en una posición incómoda, de la cual debería salirse cuanto antes dando señales claras de que no está dispuesto a tolerar que algunos policías burlen sus obligaciones.

Al pedir con presunta equidad que se investigue al oficial en falta y a quien brindó la información a la prensa, el ministro iguala ambos hechos, sin tener en cuenta que el primero pulveriza la ley y el segundo busca precisamente que ésta sea respetada.

Lo que Rodríguez debió preguntarse es por qué alguien "filtró" a la prensa una información tan reveladora.

La respuesta más eficaz a ese interrogante es que quien lo hizo no confió en que los jefes policiales, los funcionarios políticos, los fiscales o los jueces que actúen en la tramitación de la causa hagan todo lo debido para que los infractores reciban la sanción que merecen. Aun en democracia, el poder suele ser un escudo poderoso frente a la Justicia.

Es probable que, como aquel "Garganta Profunda" del caso Watergate, haya buscado que la ciudadanía conozca los hechos para que pueda actuar como control difuso de la tarea política y jurisdiccional.

La causa no estaba bajo secreto de sumario. Nada de objetable hay en que esa información haya trascendido. Y esto vuelve más torpe la reacción del gobierno por lo que evidenció de contraria a la transparencia, la verdad y la legalidad.

La calificación de las conductas no puede hacerse divorciada de la intención que las guía.

Y en éste, como en muchos otros casos, saber es mejor que ignorar. Difundir es mejor que ocultar. Y aplicar la ley es mejor que tenerla como un vacío libreto para discursos de campaña.

La gestión Saiz debería apurar medidas tendientes a devolver la estabilidad laboral y el salario al oficial que trabaja del lado de la Justicia y actuar con severidad para limpiar la Policía de indeseables.

Un convenio para combatir la trata de personas ligada a su explotación sexual no hará desaparecer ese detestable delito. Sólo contribuirán a ese fin las acciones conducentes a desarticular las redes de protección que, siempre y en todo el mundo, incluyen a elementos corrompidos de la Policía y la política.

ALICIA MILLER