CIPOLLETTI (AC).- Los 27 titulares de los hornos de ladrillos de la zona de El Arroyón, ubicada en el camino hacia el lago Pellegrini, en Cinco Saltos, aseguran que si son desalojados, unas 1.500 personas se quedarán sin su fuente de sustento. Anunciaron que resistirán la decisión del Ente de Desarrollo para las Comunidades de Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande (Endecic) de sacarlos de las tierras donde tienen su actividad productiva desde hace unos ocho años.

Ayer, junto a los camioneros y los pequeños productores asentados en la misma zona, brindaron una conferencia de prensa antes de ingresar a la audiencia de mediación con el Endecic, en la sede del Centro de Mediación Judicial que funciona en esta ciudad.

Estuvieron acompañados por representantes de la Clínica de Migración y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Comahue y del Obispado neuquino y por la CTA. Ambos organismos consideraron que el pedido de desalojo es "un claro acto de discriminación porque los dueños de los hornos de ladrillos pertenecen a la comunidad boliviana".

Roberto Condorí Marino, representante de los ladrilleros, adelantó que el objetivo es llegar a un arreglo para que puedan seguir trabajando ya que "de forma directa e indirecta viven de la actividad que ellos desarrollan unas 1.500 personas".

Aseguró que no son usurpadores porque compraron los lotes de buena fe y, si bien el Endecic "dice que los boletos de compra venta no sirven, nosotros los tenemos y están sellados por Rentas".

Entre otros aspectos, relató que hace casi tres meses les dieron un plazo de 48 horas para que dejen los lotes y aunque la medida no se ejecutó porque el conflicto ingresó en una etapa de mediación, ellos van a resistir cualquier orden de desalojo porque los hornos son su fuente de sustento.

Por parte de los productores, María Ester Gatica, cuestionó que el Endecic "nunca dio una explicación clara" de por qué se tienen que ir del sector. Y aseguró que sólo les adelantaron verbalmente que todo lo que han hecho durante los años que llevan viviendo en el lugar "no será reconocido".

Las hectáreas en las que están asentadas las familias en conflicto fueron entregadas al ente por el gobierno provincial con el objetivo de generar el desarrollo productivo del sector. Sin embargo, y según aseguran los que viven en el lugar, "nunca realizaron ningún proyecto".