NEUQUÉN (AN/ACE).- La defensa del médico militar Hilarión De la Pas Sosa acusó al ex juez Rodolfo Rivarola de "encubrir" al testigo Miguel Súñer (fallecido) para obtener las pruebas que le permitieron armar la causa en contra de los acusados en este juicio en el que se responsabilizó a los jefes militares por secuestros y torturas en el centro clandestino.

Los abogados pidieron su absolución por considerar que no hay pruebas en su contra, que no está demostrado que hubiera asistido al centro clandestino, y que ni siquiera se conoce si en la tortura hubo un doctor.

Exigieron que si se producía la "improbable condena" del coronel médico, no se le revoque la prisión domiciliaria que le fue otorgada por la Cámara de apelaciones de Roca; beneficio que está "en suspenso" mientras dure este juicio.

Guillermo Álvarez y Gerardo Ibáñez solicitaron al Tribunal la "nulidad" de la prueba aportada por el fotógrafo de inteligencia, Miguel Súñer, y pidieron la exclusión de sus declaraciones de este juicio.

Le plantearon a los jueces que al momento de emitir el fallo, lo hagan sin tener en cuenta esta declaración, a la que consideraron "nula" porque se trataría de una persona partícipe de los mismos delitos que se investigan.

La rudeza del planteo se debe a que Súñer (que falleció en 2005) incriminó a Sosa en las torturas a los secuestrados en sus declaraciones ante al Conadep, los repitió ante la Justicia Militar, en el juzgado federal en 1984 y 1986 y los ratificó ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, antes del Punto Final.

Los defensores sostuvieron en sus alegatos que "los exégetas y tranquilizadores de conciencia" -como llamaron a Noemí Labrune y al cura Rubén Capitanio- le preparaban las declaraciones a Súñer y éste las firmaba; y que el juez Rivarola "cambió información por impunidad", en lo que calificaron como "inadmisible en un juez federal".

Álvarez fue mordaz con su alegato y con fuertes ironías descalificó a los testigos que se presentaron en el juicio, mientras que Ibáñez no dudó en asegurar que "Súñer mintió" y que Rivarola "no procedió correctamente" y encubrió al declarante a cambio de la información que le daba.

"Le hubiera tomado una declaración informativa", enrostraron.

Los defensores de Hilarión Sosa relativizaron la validez de los dichos de las víctimas que tuvieron la sensación, vendados y en medio de los tormentos, que un médico los revisó.

"Hicieron una asociación libre, cualquiera podía palpar el pulso, poner inyecciones, auscultar; cualquiera podía ir a ese lugar", aseguró la defensa sin dar crédito al planteo de que el reglamento de estados mayores establecía que era el jefe de sanidad (Sosa) el que tenía la función de revisar a los prisioneros.

Aseguraron que el enfermero que lo señaló como el médico en "La Escuelita", fue manipulado por el juez de instrucción Guillermo Labate, en coincidencia con el planteo de otros defensores de que se "digitó" la prueba en la instrucción.

"Cuando el testigo Fernando Leonfanti dijo que Sosa quería controlar a los delincuentes, se refería a los que se servían de los dineros públicos, no hablaba de los guerrilleros", reinterpretaron los defensores de Sosa.