Del proyecto que se está tratando en el Congreso que incluye la moratoria, el blanqueo y la promoción del empleo vale la pena analizar los dos primeros, los relacionados con temas tributarios, excluyendo los de seguridad social.

Respecto de la primera de las tres materias a tratar, existe una extrema experiencia histórica en el orden nacional y también en el provincial, ya que Buenos Aires, en los últimos 10 años, ha hecho uso continuado.

El proyecto implica un plan de facilidades de pago como el anunciado en los primeros días de noviembre, pero con una tasa de financiación sustancialmente baja, que no puede superar un porcentaje del capital adeudado, dependiendo la fecha de acogimiento.

En forma independiente, la condonación es un jubileo o perdón de todas las multas y sanciones que no se encuentren firmes. El último gobierno que implementó algo así fue el de Fernando de la Rúa.

Hasta este punto no existirían problemas o mayores cuestionamientos, pero ocurre que el acogimiento al plan de facilidades y a la condonación lo pueden hacer también los que se encuentren investigados en causas penales tributarias, con lo que se suspendería la causa, se interrumpiría el plazo de prescripción y, si cumple con la totalidad de cuotas o paga de contado, se extinguiría la causa penal, cualquiera fuera el delito tributario o previsional cometido.

Al respecto, cabe recordar que así era el régimen instaurado por la anterior Ley Penal Tributaria que rigió desde febrero de 1990 hasta febrero de 1997, cuando ese beneficio fue limitado para evasión tributaria o previsional simple, aunque pagando al contado.

No se está inventando nada nuevo, sino copiando algo viejo, pero luego de un período de intenso trabajo de la administración tributaria no solamente recaudando -el superávit fiscal tiene su origen allí- sino también tratando de cambiar la cultura, la posibilidad de extinguir la acción penal pagando, implica un grave retroceso.

Hay que recordar que las denuncias por delitos tributarios no son por mora en el pago de impuestos o del sistema de seguridad social, sino por estafa o fraude al fisco, siendo todos los delitos dolosos.

Respecto del denominado "blanqueo" de capitales se trata de una herramienta que no se utiliza desde el gobierno de Alfonsín y, en principio, el proyecto liberaría de toda responsabilidad a los fines tributarios nada más.

Ello implica que, mediante un módico pago, el contribuyente podrá disponer del dinero habido para tenerlo o invertir en determinados bienes. No queda ni quedará claro el funcionamiento definitivo hasta que se dicte la última de las normas complementarias, o sea, los decretos y resoluciones de la AFIP que reglamenten el sistema.

Pero lo más irritante de la propuesta es que no existe compensación alguna para el contribuyente cumplidor que, como siempre, es el convidado de piedra o quien ni siquiera está invitado al banquete, pese a haber pagado con mucho esfuerzo lo que correspondía.

Si realmente se pretende actuar en consonancia con la crisis mundial, el megaproyecto presentado debió ser acompañado por una profunda reforma fiscal que equilibre la carga tributaria nacional, provincial y municipal que toda la población sufre hoy. De esta manera, lo anterior estaría formando parte de un proyecto mayor que no se observa en la ocasión, ni se ha dado señales de su existencia.

Desde un punto de vista ético lo que define la situación ya no es más el marchar "hacia una nueva cultura tributaria", caballito de batalla de la AFIP, sino la letra de aquella otra visión discepoliana, lo que debería ser hoy nuestro himno tributario: "Cambalache".

JORGE E. HADDAD

(*) Abogado especialista y consultor en Derecho Tributario y director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.