Luego de más de 10 horas de debate, el proyecto anticrisis fue aprobado en general por la Cámara de Diputados esta madrugada. Obtuvo 131 votos positivos y 75 negativos.
Entre las medidas que se votaron figuran el polémico blanqueo de capitales y la moratoria impositiva y previsional.
El proyecto oficial contra la crisis económica consta de tres capítulos: el primero de Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social; el segundo de Régimen Especial de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes; y el tercero dedicado a la repatriación de capitales. El proyecto podría ser convertido en ley por el Senado la semana próxima, según estimaron fuentes del Frente para la Victoria de la Cámara alta.
La iniciativa el oficialismo cosechó serias críticas de la oposición, de peronistas disidentes y de filo-kirchneristas cada vez más críticos como Miguel Bonasso, Cecilia Merchán y Vilma Ibarra, entre otros.
Los principales cuestionamientos fueron en el sentido de que el proyecto deja abierta puertas para el lavado de dinero originado en delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas, así como impone la extinción de causas penales tributarias en curso y que establece un injusto perdón para quienes incumplieron las normas frente a quienes las cumplieron, además de tirar por tierra con la estrategia anti-evasión de la AFIP.
Tras la disputa por el quórum, que fue habilitado por el polémico Lorenzo Borocoto, y el intento de represalia del oficialismo con la oposición, fue el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato (FPV) quien defendió el dictamen que lleva el extraño título de "Régimen de regularización impositiva, Promoción y protección del Empleo Registrado con prioridad en PyMEs y Exteriorización y repatriación de capitales", firmado en comisiones por el oficialismo.
Marconato puntualizó que "sólo la cancelación total de la deuda produciría la extinción de la causa penal", al responder críticas sobre la eventual caída de causas sin sentencia firme por evasión fiscal, y sostuvo que el retorno de fondos significará una fuente de "recursos importantes" para canalizar "inversiones hacia el interior del país".
Carlos Raimundi (SI), que firmó un dictamen alternativo, puntualizó que el blanqueo de capitales y la moratoria que se impulsan "están guiados por la lógica de la impunidad fiscal" y advirtió que si no define en el texto que las medidas se dirigen a los pequeños capitales se facilitarán delitos cuya puerta de acceso la evasión impositiva.
En la misma sintonía, Claudio Lozano (Proyecto Sur) recordó que la fuga de capitales es un "fenómeno estructural" en la Argentina que "no se resuelve con una medida como la que se propone aquí", e insistió en que "no hay ningún intento serio de beneficiar a las PyMEs. Si lo hubiere discutiríamos un tratamiento específico para estos sectores" además de debatir un "traje a medida para una situación puntual".
Patricia Bullrich (CC) dijo que el proyecto tendría que llamarse "el paquete de la crisis del poder" y advirtió que con lo que se propone "va a entrar dinero del lavado, va a entrar dinero del narcotráfico", lo que lo hace "el proyecto más serio, más brutal que va a votar el Parlamento".
Por su parte, el peronista disidente Felipe Solá y recordó durante el debate por la resolución 125 de cuestionaba desde el oficialismo a la oligarquía y que ahora con la norma "se premia a los que sacaron plata ilegal del país, o sea a lo peor de la oligarquía ganadera, a lo peor de los pooles de siembra, lo peor de la Argentina, lo peor de los delincuentes".
