NEUQUÉN (AN).- Frente al avance inmobiliario sobre las tierras productivas que circundan los valles de los ríos Limay y Neuquén, un proyecto de ley propone establecer una zona de resguardo y recupero de tierras aptas para la producción para, desde una política de estado, se pueda pensar en el desarrollo productivo sustentable de los pequeños emprendimientos frutihortícolas.

La diputada del Frente Grande en Alternativa Neuquina, Soledad Martínez, presentó ayer un proyecto de Ley para la protección y el recupero de las tierras que estén en explotación, pero también para "las que revisten en estado de abandono".

Según consta en el proyecto, también se debería promover "la promoción de nuevas superficies con igual destino, en todos los departamentos de la provincia del Neuquén".

El proyecto indica que se considerará como tierras productivas agropecuarias a las que estén ubicadas "en valles, en cercanías de fuentes naturales de agua, lindantes con el espacio urbano consolidado y en zonas de interés público donde funcionen escuelas agrotécnicas, chacras experimentales y de carácter comunitario, destinadas a la localización de actividades agrícolas".

"Se hace imperioso pensar en un horizonte temporal que permita proyectar más allá del presente, con un adecuado planeamiento de ciudades con entornos productivos que contribuyan a generar fuentes laborales renovables y a su vez constituyan garantías de un hábitat armónico para toda la población", indicó Martínez en la fundamentación de la iniciativa que se topa frente, no a loteos sociales sino a otro tipo de urbanización, mucho más costosa y de mayor rentabilidad: los barrios privados.

"Si bien este escenario ha sido enfrentado fundamentalmente por los productores de localidades como Centenario, Vista Alegre o El Chañar y por la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, no deja de ser una preocupación para otros lugares de la provincia donde conviven producciones con el avance inmobiliario", señaló la diputada.

La venta de las tierras productivas en los casos en los que una baja rentabilidad no seduce a los propietarios se presenta como una opción ante la necesidad individual, pero atenta contra la producción.

"Quienes persisten y resisten en la actividad se ven cercados por una realidad de avance inmobiliario que coloca a sus tierras como un bien altamente preciado", explicó finalmente la diputada Martínez.