El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó hoy oficializado, con la publicación en el Boletín Oficial de la normativa que lo creó, y que dispuso el traspaso de los fondos del sistema de capitalización privado al régimen de reparto público.

A través de la Ley 26.425, sancionada el 20 de noviembre último en el Congreso, y promulgada el 4 de diciembre; se dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público.

Este estará "financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público".

"En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto", remarca el texto.

Asimismo, destaca que "el Estado nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha".

Por otra parte, señala que los beneficios del régimen de capitalización que "se liquiden bajo la modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro".

Además, precisa que "los afiliados al régimen de capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo la figura de 'imposiciones voluntarias' o 'depósitos convenidos' y que aun no hubieran obtenido un beneficio previsional, podrán transferirlos a la ANSeS para mejorar su haber previsional o a una AFJP, que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad".

También establece que "la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de beneficios del SIPA" y "queda prohibida la inversión de los fondos en el exterior". "La ANSeS no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema", indica la Ley.

Buscarán la incosntitucionlidad de la ley. Tras haberse publicado hoy en el Boletín Oficial la Ley 26425, comenzarán a llegar mañana a los Tribunales de todo el país decenas de presentaciones judiciales destinadas a solicitar pedidos de "no innovar", por parte de los futuros jubilados que habían optado por ese sistema.

Las solicitudes de amparo a los jueces por una medida que se considera "confiscatoria" apuntarán a lograr una declaración de inconstitucionalidad de la nueva norma, ya que se dirá en las presentaciones que la misma atenta contra el derecho de propiedad ejercido durante 14 años, bajo los términos de la Ley 24241, que no ha sido derogada.

DyN.-