NEUQUEN (AN) - El general de Brigada Enrique Braulio Olea, hoy de 78 años, fue el jefe del Batallón 181 entre diciembre de 1975 y diciembre de 1977, época en la que según abundante documentación testimonial funcionó en predios de esa unidad el centro de detención ilegal "La Escuelita".
Cuando prestó declaración testimonial ante el juez de instrucción, el año pasado, negó cualquier responsabilidad sobre lo que allí ocurría y de lo que se lo acusa: la detención, tortura y desaparición de personas. Hoy le corresponderá el turno para que sus abogados esgriman su defensa.
La audiencia en el Tribunal Oral Federal comenzará a las 9 y los doctores José O´Reilly y María Cecilia Olea, hija del imputado, tendrán la tarea de intentar de desincriminar al militar de mayor rango de los ocho que están en el banquillo de los acusados
La fiscalía y algunos querellantes pidieron que se lo condene a 25 años de cárcel, el restante solicitó prisión perpetua.
Las acusaciones en contra de Olea son abrumadoras, pero en la indagatoria él negó rotundamente que allí funcionara un centro de torturas, que nunca hubo detenidos en ese lugar.
Lo máximo que admitió fue que sabía que ese lugar estaba destinado a un Lugar de Reunión de Detenidos -denominación regular dentro del Ejército-, que lo empleaban fracciones del interior de la provincia que eran trasladadas a esta ciudad para hacer controles de ruta, una actividad ocasional, y que se alojaban en ese lugar.
Negó rotundamente
En cuanto a la presencia de detenidos lo negó también rotundamente y dijo que en los casos en que en esos controles se detuviera a alguien, era inmediatamente derivado a una comisaría.
Admitió también que desde la cocina del Batallón se enviaban las raciones de comidas para esos efectivos que venían del interior, pero en contra de lo que dijeron en audiencias numerosos testigos, negó que dispusieran comida para detenidos.
Sin embargo reconoció que conoció el lugar antes de que lo habilitaran para recibir a esos grupos del interior y también que en un momento se dispuso hacerle "un lavado de cara". Se arregló un baño, un dormitorio y algo más, recordó ante el juez Guillermo Labate, pero dijo que después de esas tareas no volvió nunca más.
Dijo que a partir de entonces el lugar pasó a depender exclusivamente del Comando de la Brigada y por lo tanto él no tuvo más nada que ver.
Contrariamente, los testigos dieron cuenta que los miembros del Destacamento de Inteligencia -Alberto Gómez Arenas, Jorge Molina Ezcurra, Víctor San Martín, entre otros-, mantenían reuniones de trabajo en el Batallón, para "coordinar" operaciones.
Ante una pregunta dijo que desconocía si desde la Brigada se prestaba atención médica en "La Escuelita", pero en el juicio uno de los médicos, Ignacio López Proumen reconoció que revisó a una mujer embarazada.
Y otro médico, el también imputado Hilarión De la Paz Sosa, fue visto por testigos en la sala de torturas.
