El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el texto constitucional y Pactos Internacionales vigentes, en materia de derecho a una vivienda digna, ha generado una nueva modalidad de demanda o protesta social: la toma de tierras.

En los últimos 15 años las respuestas del Estado a la demanda de viviendas sociales han sido prácticamente inexistentes. Sólo se han dado algunas soluciones parciales y sectoriales, que en modo alguno han contribuido a paliar el déficit existente.

La falta de políticas concretas en la materia, de planificación y de repuestas oportunas lleva en la mayoría de las situaciones a que se den soluciones improvisadas, ineficientes y/o extemporáneas, que en lugar de bajar los niveles de protesta, los exacerban, generándose conflictos que derivan en hechos de violencia, como los registrados recientemente en el barrio Confluencia de esta ciudad.

Neuquén capital cuenta en la actualidad con alrededor de setenta tomas. Ocupaciones que a la postre han terminado o terminan siendo regularizadas, por lo que la modalidad se ha transformado en una nueva forma de acceder a la vivienda. El Estado de este modo da soluciones que encubren el incumplimiento reiterado de sus obligaciones constitucionales.

Los ciudadanos, generalmente familias jóvenes, se instalan en lugares inapropiados y sin los servicios mínimos, por lo que viven en condiciones que vulneran sus derechos esenciales. En el último año, se han reiterado los incendios de casillas con víctimas fatales, en la mayoría de los casos, niños.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén ha rechazado reiteradamente la ocupación ilegal de tierras como metodología para acceder a una vivienda, pero también ha insistido ante las máximas autoridades provinciales y municipales sobre la necesidad de que a la brevedad se implementen políticas masivas y sostenidas en la materia. Así como que se dé una urgente solución habitacional a los vecinos que se encuentran inscriptos en los respectivos registros.

El derecho a la vivienda digna, reconocido en el artículo 14 bis de nuestra Constitucional nacional y Pactos Internacionales incorporados a través del artículo 75º inc. 22, ha sido entendido por el Comité de Naciones Unidas en la Observación General 4 sobre el Artículo 11 de ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los mismos términos en que los ha considerado la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda: el concepto de "vivienda adecuada" significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable.

Vecinos de esta ciudad se han acercado a la Defensoría del Pueblo para presentar sus reclamos ante la falta de respuesta de los responsables del IPVU, la ADUS o la Subsecretaría de Vivienda municipal. En todos los casos se trata de familias que desde hace varios años se encuentran inscriptas en los registros de esos organismos.

Los canales de comunicación entre los ciudadanos y los funcionarios del Estado, regidos por los procedimientos administrativos, sea por la sobresaturación de demandas o por impericia o desidia de quienes son responsables de brindar respuestas no resultan en la actualidad apropiados para resolver las problemáticas que se plantean.

Ante la demanda insatisfecha, los ciudadanos protestan y presionan para que el Estado cumpla bajo esta nueva modalidad de acceder a la vivienda, "tomando" las tierras.

A ello generalmente el Estado responde judicializando el conflicto. Entendemos que esta salida debe ser utilizada como último recurso y luego de haber explorado múltiples opciones que el Estado tiene a su alcance. Las herramientas con que cuentan la Justicia y la Policía son siempre más limitadas que las que posee el poder político. Si el Estado acude a la represión, entonces estará alentando o aplicando la forma de respuesta que nos dice que quiere rechazar.

Los actuales gobiernos deberán cambiar la histórica lógica de su accionar en relación con ciertos sectores de la comunidad, fundamentalmente los más necesitados de ayuda.

En ese sentido, no se deben seguir otorgando ventajas o privilegios a personas o grupos de presión por su grado de proximidad o afinidad con el gobierno de turno. Tampoco deben otorgarse beneficios a partir de la radicalidad de los medios o formas que se utilicen para llevar a cabo los reclamos o protestas.

La paz social no se logra con prebendas, porque si el principio que se instala en el gobierno es "cuanto más molestia causan más atención se les presta", se corre el riesgo de ser injustos con aquellos que no cuentan con los medios para manifestarse o simplemente son respetuosos de las normas vigentes.

A los problemas generados desde la política deberían darse soluciones políticas. Se deben llevar a cabo acciones socializadoras que ocupen el lugar de las acciones urgentes, generalmente mal orientadas. Es ingenuo o equivocado creer que se resolverán los conflictos a través de respuestas institucionales de carácter coercitivo.

La experiencia reciente de la "toma Confluencia" demuestra cómo, a través del consenso y la buena voluntad, pueden lograrse soluciones convenientes a todas las partes involucradas pese a la irregularidad de origen. Lo que en un momento parecía un conflicto sin salida se revirtió a través de los sucesivos encuentros entre los vecinos y funcionarios de los gobiernos municipal y provincial, así como de distintas organizaciones que hicieron su aporte para lograr la paz social.

Si el Estado quiere evitar el estallido permanente de conflictos, no debe dar soluciones parciales y discrecionales sino universales en el marco de las obligaciones asumidas constitucionalmente. Cada reclamo de la sociedad es un desafío de entendimiento colectivo, a ello apostamos desde la Defensoría del Pueblo.

JUAN JOSÉ DUTTO

Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén