La comunidad de Loncopué está dividida por el futuro. Su tranquilidad se exacerbó desde que aterrizaron un par de rostros desconocidos con los papeles de propiedad de una mina de cobre, para explotar a cielo abierto, que está en el corazón de las tierras que posee la comunidad mapuche Mellao Morales, un proyecto que para algunos significa "comenzar a vivir de manera digna, con trabajo", y que para otros es sinónimo de "contaminación, destrucción y muerte".

En el medio, habrá que hablar de una compra con irregularidades, ya que la empresa estatal Cormine le vendió la mina a la compañía Emprendimientos Mineros SA, conformada por capitales privados chinos, a cambio de sólo 1.000.000 de dólares, sin llamar a licitación y desobedeciendo el artículo 75 de la Constitución Nacional y la ley 24.071 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a los gobiernos a consultar a las comunidades mapuches antes de comenzar con cualquier trabajo en sus tierras.

El convenio se rubricó el 2 de agosto de 2007, durante el ocaso de la gestión sobischista, entre el liquidador de Cormine, Martín Miguel Irigoyen, y Jihuan Wu, titular de Emprendimientos Mineros. Lo primero es que las dos partes declaran domicilio legal en Garayta 330 (la empresa estatal y la concesionaria). Lo segundo, que Emprendimientos Mineros se conformó con un capital social de apenas 12 mil pesos y unos meses después logró la concesión de la mina.

En el norte neuquino no hay término medio cuando se habla de la mina, del ácido sulfúrico y de lo que puede llegar a suceder con el río Agrio, afluente del Neuquén y vertiente que alimentará Chihuido. Mientras el intendente de Loncopué, Walter Fonseca, jura que todavía no tiene una postura tomada y que jamás se reunió con la empresa a espaldas de la comunidad, en aquella zona lo acusan de "hacer lobby" a favor de "los chinos". Fonseca y parte de su gabinete sí se reunieron varias veces con el mexicano Jaime Brown, cara visible del proyecto (que también tiene acciones en la ex Hiparsa de Sierra Grande), y encabezaron reuniones informativas del tema. Incluso el mismo Brown aseguró que el jefe comunal "está a favor del proyecto" (ver aparte).

Llamativo es que la mina en cuestión no está instalada dentro del ejido municipal de Loncopué, si no en territorio de los Mellao Morales, en el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida, un paraje donde habita un puñado de familias sobre el río Agrio, que viven de la tierra y de los animales. Un lugar agreste y de colores primarios. Un lugar casi siempre olvidado. A pesar de ello, los que están a favor de la mina desean que la decisión final se tome en Loncopué, en una audiencia pública. Fonseca se defiende de las acusaciones diciendo que sabe "poco y nada de minería", que debe informarse y que tiene " la responsabilidad de escuchar" a una empresa que ofrece ocupar alrededor de 400 personas de forma directa "y unas 2000 de manera indirecta", y que "construirá 80 nuevas viviendas" en una ciudad de 7.000 personas, con un 12 a 14% de desocupados, 750 subsidiados que cobran 150 pesos mensuales y 262 empleados municipales. Una ciudad que "vive del Estado", según el intendente.

Mientras el caso de La Alumbrera sigue en la palestra, las esquirlas de Catamarca rebotan en Campana Mahuida. "Este es un proyecto de muerte y destrucción. Para nosotros, sería el fin de años de trabajo y producción", sufre Paola, hija del empresario Filipo Costa, presidente de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM). La joven, junto a su madre y su marido, maneja una estancia de 4.500 hectáreas, que en realidad es propiedad de dos italianos (Agriotur SA), y que para esta cosecha producirá 40 toneladas de frambuesas orgánicas altamente cotizadas en el hemisferio norte (ver aparte).

El norte neuquino es como un universo paralelo, repleto de contradicciones y agujeros legales. La lejanía y la desprotección siempre son buenos aliados de la impunidad. Los vecinos ya tienen un antecedente para pensar mal. Hace menos de ocho meses la empresa Golden Peaks tuvo que hacer las valijas y retirarse de la mina de oro que estaba explotando en las orillas del arroyo Mulichincó. Un grupo de pobladores les ganó la pulseada legal a los canadienses, que se instalaron de buenas a primeras sin presentar el informe de impacto ambiental y lejos de convocar a una audiencia pública (los dos requisitos primarios).

El cura José María D´Orfeo se percató de que algo sucedía porque veía movimientos extraños en el cerro y lo despertaban "fuertes explosiones". Esa incertidumbre la hizo pública durante una invocación religiosa ("pido que Dios nos explique qué está sucediendo en Mulichincó", dijo), de allí germinó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) y todo terminó con un fallo a favor de la asociación, que festejó cuando la Golden levantó campamento y partió sin el oro de la zona.

Eso marcó jurisprudencia en la cuenca del río Agrio, donde ninguna empresa puede instalarse si antes no se aprueba su informe de impacto ambiental y la audiencia pública la da el "sí". Hoy el párroco es el presidente de AVAL y el más férreo contrincante que tendrá Emprendimientos Mineros.

En Loncopué los funcionarios juran poseer "idiosincracia minera", pero nadie tiene conocimiento real del tema y de aquella idiosincracia sólo quedan el dibujo de un carro minero en el escudo de la localidad y peligrosas grietas, de más de 40 metros de profundidad, que se mantienen abiertas desde la década del ´40, cuando aseguran que se extraía plomo para aumentar las muertes en la Segunda Guerra Mundial.

Hoy algunos hablan de prosperidad y otros de contaminación y regalo del patrimonio. La empresa sigue recorriendo la zona, pero al parecer, la última palabra será mapuche.

SEBASTIÁN BUSADER