BUENOS AIRES (DyN) - El expendio de combustible se normalizó ayer luego del paro nacional que realizaron empleados de las estaciones de servicios, mientras la próxima semana habrá reuniones entre las petroleras, el gobierno y los representantes sindicales para buscar una solución a la crisis del sector.

La huelga, que tuvo un fuerte acatamiento y se sintió más en capital y gran Buenos Aires que en el interior, finalizó ayer y en el transcurso de la mañana miles de automovilistas fueron a cargar nafta, lo que originó algunas demoras en la venta de combustibles.

El titular de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, Manuel García, advirtió que si el gobierno no brinda "promesas firmes" al sector, las medidas de fuerza se profundizarán. "Si el gobierno no llama con promesas firmes para salir adelante, la próxima vez la medida será por 48 horas, y así sucesivamente hasta que se pare la sangría de cierres de estaciones de servicios", amenazó

García, en diálogo por Radio 10, aseguró que los empresarios buscaron "por todos los medios en los últimos cuatro años de dialogar con el gobierno, pidiendo rentabilidad".

Luego, indicó que "también las petroleras son responsables", pero puntualizó que "el que tiene que crear las condiciones es el gobierno".

En el precio de los combustibles "hay 70 por ciento de componente impositivo", explicó García, quien expreso que hay "una voracidad fiscal que no tiene antecedentes".

Los trabajadores de estaciones de servicios decidieron una impasse de una semana, tras el cese de actividades de ayer, y promoverán discusiones con expendedores, petroleras y el gobierno para solucionar el conflicto generado por la presunta falta de rentabilidad del sector, los bajos salarios, y el riesgo de cierre de más estaciones independientes. Así lo anunció Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio, durante una conferencia de prensa.

La medida de fuerza contó con el respaldo implícito de los empresarios expendedores de estaciones independientes de las petroleras integradas, que hace al menos dos años vienen reclamando al gobierno medidas que mejoren la rentabilidad de sus operaciones, vía precios, o reducción de impuestos a los combustibles.

En ese contexto, muchos estacioneros activaron el cobro de "servicio de playa", adicional al precio de la carga de combustible, pero las principales petroleras, por caso YPF, prohibieron esta operatoria en sus estaciones de bandera, ya sea propias o contratadas.

El conflicto se desarrolla además en un contexto de fuertes cambios por motivos económicos en la demanda de combustibles por efecto de una retracción de la demanda global, y de un traspaso de consumidores de naftas premium (las más caras) hacia la nafta súper.