SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- La Asociación Hotelera, alarmada por las tomas de tierras y espacios públicos, recordó que ya en 1998 había advertido la necesidad de regular el crecimiento de las plazas de alojamientos turísticos, cuya explosión "quitó oferta al mercado de los alquileres permanentes, lo que contribuyó a agravar la crisis".
La entidad dijo que por entonces "no fuimos escuchados" y exigió a las autoridades una "clara política de viviendas".
En un parte que se conoció ayer, el primero de una entidad empresaria sobre el fenómeno que desde hace 10 días conmocionó a esta ciudad con la sucesión de ocupaciones, advierte ser "respetuosa de las leyes vigentes", por lo que "rechaza taxativamente toda violación a las mismas, provengan de cualquier sector".
Pero al mismo tiempo y como entidad socialmente responsable, "cree firmemente en los postulados de la Constitución Nacional que consagra el derecho de los individuos de acceder a una vivienda digna".
En ese contexto, recuerda que durante 1998 "esta Asociación expuso ante el Deliberante la necesidad de regular el crecimiento de las plazas turísticas para favorecer las inversiones en viviendas familiares de alquiler permanente, que en aquel entonces ya era un grave problema".
Añaden que "alertamos también de los riesgos de carácter social que se avecinarían en caso de no tomar medidas apropiadas. Lamentablemente no fuimos escuchados".
A partir del 2001 "se produjo un crecimiento exponencial de las construcciones edilicias realizadas en nuestro pueblo, habilitadas en principio como unidades de viviendas y derivadas luego al alquiler turístico, en muchos casos sin habilitación ni control municipal alguno, trayendo como consecuencia, entre otras, una disminución de la oferta de viviendas para alquiler permanente y por consiguiente encareciendo notablemente el precio de ellas".
Esa operatoria, señala la entidad, "termina restringiendo el acceso al alquiler de una vivienda a un amplio sector de habitantes, que en gran parte son empleados de nuestra actividad".
En consecuencia, los empresarios solicitan "la preservación de los terrenos públicos" y exige al gobierno provincial y municipal "una clara política en materia de planes de vivienda, a corto, mediano y largo plazos".
