NEUQUÉN (AN/ACE).- La Cámara Federal de Roca confirmó ampliamente ayer la mayoría de las acusaciones por las cuales el ex juez federal Guillermo Labate procesó a 27 militares y policías que actuaron durante la represión ilegal a partir de 1976.
Labate los procesó el 12 de septiembre pasado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados.
El "megaprocesamiento" incluyó la responsabilidad de los procesados por varias personas que siguen desaparecidas y la muerte durante la tortura del cipoleño José Luis Albanessi.
Los jueces Carlos Müller y Ricardo Barreiro sólo revocaron el procesamiento de Raúl Domínguez y el comisario rionegrino Jorge Galera.
También revocaron la figura de asociación ilícita que se le endilgó a los retirados Jorge Gaetani, Raúl Artemio Domínguez, Serapio Barros y Emilio Jorge Sachitella, aunque confirmó las acusaciones en su contra secuestros y torturas.
Están los que se procesaron por una gran responsabilidad, como39 secuestros y torturas y la muerte de un detenido (Albanessi) como es el caso del primer y segundo jefe del Batallón, Enrique Olea y Héctor Gagliardi.
A otros, como el agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, se confirmó su procesamiento por tres secuestros y cinco hechos de torturas. Ante la apelación de sus defensores, los jueces taxativamente explicaron que "no aparece en la desaparición forzada de personas, es verdad, y cuando era agente civil de inteligencia no estaba La Escuelita... pero muchas pruebas hay de que sindicaba, detenía, interrogaba y aplicaba tormentos con todos: tanto militares y policías".
Entre sus víctimas están los sobrevivientes Orlando Balbo y Pedro Justo Rodríguez.
El fallo dio por acreditada la utilización de la comisaría de Cipolletti como lugar de detención ilegal, donde se aplicaron tormentos hasta producir lesiones irreversibles en las víctimas, como la sordera por estallido de tímpanos po los golpes.
Fue confirmada la participación en distintos hechos de los comisarios rionegrinos, aunque los camaristas dieron lugar "parcialmente" a algunos de los planteos.
Insistieron ante los defensores que los delitos por los que están procesados son de "lesa humanidad" e "imprescriptibles". Reafirmaron que los acusados no podían alegar la "obediencia debida" y plantearon que "hasta en la primaria" se enseña a los que los tormentos fueron abolidos por la Asamblea del año XVIII.
Muller y Barreiro consideraron válido el testimonio del fotógrafo de inteligencia Miguel Suñer, y también dieron crédito a que el testigo Rubén Ríos hubiera reconocido a Enrique Casagrande como su torturador.
Rechazaron con firmeza las presentaciones de la defensa de Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín, a quienes confirmaron con 43 secuestros y la aplicación de tormentos en 53 oportunidades. "Su rol fue sumamente importante", y rechazaron la especulación del defensor en la desaparición de Orlando Cancio, Javier Seminario, Miguel Pincheria y Jose Delineo Méndez.
