La jueza Penal de Choele Choel, Marisa Bosco, contradijo lo dicho por el titular de Gobierno al afirmar que el jefe de Policía fue informado por oficio de las nuevas imputaciones a policías y se le pidió que les informara a cada uno de la fecha de indagatoria. Además, se le consultó si inició sumario administrativo a los oficiales y suboficiales imputados desde abril de 2007 por presunta connivencia con proxenetas.

Aseguró que no obtuvo respuesta del jefe Víctor Cufré, y que tampoco le respondió el ministro José Luis Rodríguez, a quien le pidió con carácter de urgente un listado de personas para poner a disposición del Juzgado para desgrabar los 200 cassettes resultantes de las escuchas por ella dispuestas a varios teléfonos. En la causa se investiga la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, promoción de la prostitución mediante engaño o amenaza, abuso de autoridad y cohecho, y en ella fueron citados a indagatoria el comisario inspector Carlos Britos y los oficiales principales César Cayumil y Edgardo Mesa.

La magistrada dijo que lo que sí se recibió del ministro esta semana en el Juzgado "fue una nota en los mismos términos" de las declaraciones publicadas en "Río Negro" en relación al secreto de sumario y su eventual violación".

Dijo al respecto que "no existe secreto en el expediente en cuestión ya que, de conformidad al Código de Procedimiento Penal de nuestra provincia, el mismo no puede durar más de 10 días y se puede prorrogar por otros 10 más", y así se hizo". Puntualizó que "toda medida que pudiera afectar garantías constitucionales, como las intervenciones telefónicas, debe ser notificada a las partes por tratarse de medidas de prueba irreproducibles y es lo que se ha hecho en la causa a partir de que feneciera el plazo del secreto sumarial".

Recordó que desde la reforma del Código, el juzgador debe considerar víctima a todas aquellas personas que resultaran lesionadas por el delito que se investiga y a aquellas entidades, gubernamentales o no, que tengan interés legítimo por representar intereses colectivos en los hechos que se investigan", aludiendo implícitamente a la Defensora del Pueblo. "Tienen derecho a ser informadas por el Agente Fiscal del estado de la causa y ello resulta una obligación legal para el funcionario mencionado", agregó.

Dijo que sus aclaraciones buscan informar a la ciudadanía de los derechos que las leyes le otorgan, sin perjuicio del derecho de todo ciudadano de denunciar ante el Consejo de la Magistratura lo que considere incorrecto.

En relación al único oficial que colabora en la causa, dijo que también notificó a Cufré, al jefe de la Regional IV y al de la Comisaría 8 cuando comisionó a Gabriel Ormeño en la investigación y que, a pesar de ello, se dispuso su traslado a Bariloche y la Jefatura le inició actuaciones sumarísimas que implicaron la retención de todo. Recordó que eso motivó una nota de la ex secretaria de Seguridad, Nadia Ruiz, aludiendo a normas que no eran aplicables al caso. "Hasta la fecha no existió respuesta de las áreas correspondientes y el empleado policial hace 8 meses que no cobra su sueldo", lamentó.