NEUQUÉN (AN).- Los abogados de Sandra Rodríguez, la viuda del docente asesinado Carlos Fuentealba, solicitaron al juez Cristian Piana que cite a prestar declaración indagatoria al ex gobernador Jorge Sobisch.

Ayer por la mañana Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña hicieron el pedido ante el magistrado, y luego lo dieron a conocer en una conferencia de prensa, de la que también participó la compañera del maestro y una decena de organizaciones sindicales, diputados y organismos de los derechos humanos. Palmieri resumió la solicitud en el hecho de que para la querella la represión de Arroyito en abril de 2007 fue diseñada, puesta en escena y supervisada por las autoridades políticas. "Fue controlada por el entonces gobernador, y la responsabilidad abarca no sólo al que disparó (el policía José Darío Poblete) sino también al que tenía las riendas del suceso", en este caso Sobisch, sostuvo.

La presentación incluye un abundante marco teórico-jurídico para sustentar el pedido. Los abogados mencionan la teoría de la "autoría mediata", una figura aplicable a "aparatos de poder organizados y a la lógica interna de su funcionamiento". En este caso, se trata de la policía provincial y su máximo responsable: el gobernador.

Mendaña (que ayer no estuvo) y Palmieri afirman que "más allá (...) de la posibilidad de la decisión final de ejecución en manos del autor inmediato, es claro que el dominio del hecho se basa en que la propia estructura del órgano asegura indefectiblemente que la orden se cumplirá".

Siguiendo esa línea agregan que si bien ser el titular del Poder Ejecutivo o el jefe de policía "no implica ser responsable de todos los actos de subordinados" sí supone "un poder de decisión más amplio que el de cualquier ciudadano sobre la actuación de los demás".

Al ex gobernador le piden la indagatoria, entre otros motivos, por "existir sospecha suficiente" de que haya impartido órdenes sobre el operativo, su diseño y sus objetivos; por autorizar el uso de la fuerza y por haber podido "impedir o detener" el procedimiento que terminó en la muerte de Fuentealba. Además pidieron la reformulación de las imputaciones para los policías Carlos Zalazar (ex jefe), Moisés Soto (ex subjefe), Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido y Raúl Pascuarelli.