VILLA LA ANGOSTURA (AVLA)- El juez Federico Sommers dio lugar a la postura de la defensa y absolvió al ex secretario de Turismo, Alejo Simonelli, acusado de "defraudación a la administración pública" por certificar el final de obra de un mirador que no se había construido; documento por el cual el contratista cobró el saldo total del trabajo.
El juez Sommers, quien actuó como subrogante en la causa en reemplazo de Mariano Echeto, entendió que se trató de un error administrativo y que el ex funcionario confeccionó una nota de crédito y un pagaré meses después con la intención de remediar el error pero no de estafar a la comuna. La defensa había hecho hincapié en ese punto.
Durante los dos años que duró el proceso, el ex funcionario nunca había declarado. En la etapa de alegatos habló y aseguró que había sido un "error" y que luego para remediarlo redactó la nota de crédito por recomendación de asesores legales. También, atribuyó la denuncia del MPN a una mera cuestión política. Por su parte, la fiscalía sostuvo que la confección de esa nota y el pagaré tuvieron como objetivo el ocultamiento deliberado del "error", y que eso demostraría la acción defraudatoria. En el juicio la fiscalía indicó también el hecho de que si se trataba de un error, por qué se había tardado más de dos años en decirlo. La causa comenzó a fines de agosto del 2006 a raíz de una denuncia del bloque del MPN. Fueron imputados el ex funcionario y el contratista Guillermo Peña, a quien el juez Echeto concedió una Probation.
Simonelli fue acusado por haber firmado en enero el certificado del final de obra del mirador "Muriel" (ahora rebautizado como Inalco), sin éste haber sido construido. Esa certificación permitió al contratista cobrar el saldo restante de la obra ($2.000) aunque no la había finalizado. Luego, en octubre de 2006, el mismo contratista terminó la obra.
En aquel momento, en declaraciones a este diario, Simonelli había asegurado que se trató de un "error administrativo" y que para "resolverlo" había hecho firmar al contratista una nota de crédito y un pagaré donde se dejaba constancia de que había sido una equivocación.
Dichos documentos ( firmados por el funcionario y el contratista) tenían fecha del 31 de enero, pero recién habrían sido incorporados al expediente de la obra el 25 de agosto, al día siguiente de que el fiscal iniciara la investigación.
