La administración de un Estado involucra funciones técnicas y otras políticas.

Hay campos y temas en los que actúan esas dos fuerzas. Pero no significa que una pueda cumplir la función de la otra. Cada una aplica su propia lógica. Tienen un objeto diferente. Distinta finalidad. Pueden superponerse, no excluirse.

La política no puede desplazar de su lugar a la ley, a las normas administrativas, a la administración de Justicia, al conocimiento profesional, a la responsabilidad...

La política no es el Estado, como tampoco lo era Luis XIV, el rey francés que acuñó la frase "l´État c´est moi".

Sin embargo, el gobierno de Miguel Saiz pretende solucionar todos sus problemas mediante la política. Y no sólo genera enojo sino que trastrueca los más elementales conceptos de un sistema republicano, que, entre otros, son: que haya un gobierno elegido por el voto y de acuerdo con la ley, con separación de poderes que actúen como control y contrapeso, que rija la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y que tanto gobernantes como gobernados se sometan al imperio de las normas.

Si la política pretende transitar por atajos que desconozcan estos principios, ingresa en terreno pantanoso. Se sale de la ley y del sistema al que pertenece.

La política, entonces, es el instrumento mediante el cual pueden conciliarse ideas antagónicas, resolverse conflictos de opinión, definirse prioridades y planes. Pero no un escudo tras el cual el Estado y los funcionarios puedan evitar regirse por normas escritas y predeterminadas.

- La falta de medicamentos oncológicos, por ejemplo, no es un problema político. Es un tema técnico. Fáctico. Alguien debió prever, comprar y controlar, y no lo hizo o equivocó las previsiones. El argumento de que el problema obedece a que la droguería Gavazza fue excluida del registro de proveedores no resulta convincente. ¿Por qué no comprar, entonces, a los laboratorios que fabrican las drogas, o a droguerías más grandes que aquella? Las proveedoras son, ahora, pequeñas droguerías sin capacidad para garantizar el stock, según admitieron los funcionarios. Un problema técnico que deberá resolverse técnicamente.

- Establecer si se violó la ley al pagar una obra antes de que se hiciera y aun antes de que se asignara el terreno no es una cuestión política, sino técnica. Y debe solucionarse aplicando la ley.

- Determinar si el legislador Daniel Sartor se enriqueció en forma injustificada o no, es un tema técnico, no político. Pero privilegiar una investigación parlamentaria en lugar de la técnica que prevé la ley -a cargo del fiscal de Investigaciones Administrativas-, busca dilatar y eludir una norma.

- La actuación del juez Pedro Funes en la causa por irregularidades en los contratos de alimentos que proveían Masily y Flavors al ministerio de Familia no es un problema político, sino técnico. Las funciones de un juez y el marco en que debe desempeñarlas están previstos en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Establecer si su conducta se apartó o no de ellas sólo puede surgir de un dictamen técnico, aun cuando la resolución final sobre si merece sanción, y cuál en su caso, está en Río Negro en manos de un órgano con participación política: el Consejo de la Magistratura.

Sobre Funes, la fiscal recurrió a la Cámara porque advierte que actúa con parcialidad en beneficio de los directivos de Flavors, y -en dañosa señal- el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, propuso dejarlo en exclusiva al frente del expediente. ¿Darle más tiempo cuando nada hizo en cuatro meses?

El bloque del partido Justicialista pidió una auditoría para ver si el juez actuó bien en la causa. Y la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, pidió el juicio político al magistrado. Pero el primer reclamo fue desestimado rápidamente por el Consejo de la Magistratura y el segundo postergado y subordinado a un dictamen jurisdiccional. Sin investigación ni dictamen técnico. Políticamente.

Cerrar la investigación no va a dar más prestigio al juez Funes ni más transparencia al expediente. No aumentará la confianza en la política ni en las instituciones.

Sobre todo, cuando por la denuncia de la defensora del Pueblo se conoce en detalle la compleja maniobra que vincula a funcionarios y empresarios.

La gente comprende muy bien que el hecho a investigar no es si la leche fue nociva para la salud sino si hubo falsificación en que nunca cumplió con los requisitos de calidad y aptitud nutricional que consignaban la licitación y el rótulo de la mercadería.

Ya nadie ignora que la empresa Flavors fue habilitada como fraccionadora de alimentos pero se le otorgó una exención impositiva por la ley de Promoción Industrial que sólo es aplicable a las plantas elaboradoras y para la cual no reunía los requisitos. Ejemplo: en 2006 prometió tomar empleados y el propio Estado rionegrino la sancionó porque los tenía en fraude laboral hasta este año.

Se han visto facsímiles y pruebas de la resolución por la cual Salud Pública homologó en favor de la fraccionadora Flavors productos que en San Luis producía Masily, pretendiendo transmitir roles y figuras societarias en un procedimiento técnicamente reprochable y generador de responsabilidad.

La gente vio pruebas de falta de solvencia, de antecedentes fraguados, de cheques rechazados, de pagos realizados por el Estado rionegrino utilizando a terceros para burlar a los acreedores de Masily, concursada en San Luis...

Nada de esto podría haber sucedido sin una decisión política. Tantos son los organismos involucrados en los trámites que resultaría absurdo pretender una epidemia de errores o distracciones casuales.

El juez Funes no vio, hasta el momento, razones para actuar, a pesar de los múltiples pedidos realizados por la fiscal Daniela Zágari. El Consejo de la Magistratura no advirtió en tal actitud nada reprochable. Y Balladini quiere dejarlo a solas con la causa.

Por el momento, las cosas no podrían estar peor en la búsqueda de que la tan mentada igualdad ante la ley no haga diferencias entre poderosos y gente común.

El único aliciente fue, esta semana, el respaldo que la procuradora del Poder Judicial, Liliana Piccinini, brindó a la fiscal Zágari, al expresar que no necesitaba refuerzos y que ha cumplido en tiempo y forma con su labor.

Ahora, los ojos están puestos en qué dirá la Cámara de Apelaciones, que debe analizar el recurso mediante el cual la fiscal objetó que el juez haya notificado a los directivos de Flavors de cada prueba ingresada al expediente, aun cuando no han sido constituidos como parte ni indagados como imputados.

En conjunto, la situación planteada es de tal gravedad que amenaza enlodar a integrantes de los tres poderes del Estado provincial.

Dando manotazos al aire, el gobierno busca tapar problemas, pero a cada paso sus esfuerzos se ven superados por la realidad.

El gabinete advierte el bochorno de que el gobierno trascienda más por sus escándalos que por sus aciertos. Pero no le alcanzan las manos para tantos frentes.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar