La Cámara de Diputados dio hoy media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" a Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, con lo cual ambas y sus empresas subordinadas Jet Pack, Optar y Aerohandling pasan a ser controlados por el Estado.
El proyecto fue aprobado, tras seis horas y medias de debate, en general por 152 votos afirmativos contra 85 negativos. El oficialismo aceptó una serie de modificaciones propuestas por el espacio que nuclea a ex aristas de Solidaridad e Igualdad (SI) que en líneas generales plantea incorporar la separación entre deuda legal e ilegal de las empresas, obliga al Estado nacional a participar de las demandas penales por el vaciamiento y la defraudación de la AA y la elaboración de un plan general de negocios e inversiones de línea área.
El jefe del bloque K, Agustín Rossi, destacó que el proyecto contó con "beneplácito y la convergencia de los trabajadores" de AA, a los que calificó como indispensables para el funcionamiento de la empresa, y remarcó que "el servicio de Aerolíneas Argentinas ha mejorado sustancialmente desde que el Estado participa activamente en su conducción".
Recordó que la intención de la norma es "mantener un servicio público esencial para la República Argentina, de la manera menos onerosa para el Estado argentino" y que con la misma se está "resolviendo un problema que no podemos negar".
El diputado Mariano West (Frente Para la Victoria) -quien preside la comisión bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que recomendó la expropiación de las empresas- destacó que con la media sanción se viene "a reinvidicar un Estado presente, un Estado activo" y "a garantizar un servicio público". También, indicó que, para ampliar el consenso a favor del dictamen presentado por el FPV, se iba a incluir un artículo "sugerido" por el bloque SI (ex ARI) para discriminar los pasivos legítimos de los dolosos que asumirá el Estado.
Carlos Raimundi (SI) explicó después que "el Estado y la sociedad argentina no pueden pagar deudas que no le correspondan" y recalcó que "no merece confianza que este proceso" lo lleven adelante el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por eso, manifestó que, si el FPV aceptaba incorporar en la ley un artículo que dijera que el Estado "va a discriminar los pasivos que provienen de los activos de la empresa pero de ninguna manera avalar en nombre de la sociedad pasivos fraudulentos o dolosos adquiridos por el mal manejo del anterior administrador", iban a cambiar su abstención por el voto positivo.
A la posición expuesta por Raimundi, que también apuntó la posibilidad de entablar demandas judiciales en el país y el exterior contra Marsans por los pasivos producidos, se sumó también Claudio Lozano, de Proyecto Sur. En cambio, la socialista María Elena Martín apoyó por su bloque un dictamen propio de minoría que propone la expropiación de "bienes necesarios y convenientes para que el Estado Nacional preste el servicio" pero insistió en que el Estado no asuma las deudas dejadas por Marsans.
Alejandro Rossi (FPV) subrayó que la expropiación de acciones planteada por el oficialismo "tiene cero peso de costo" y que si bien implica que el Estado asuma el pasivo de las empresas, por ejemplo hay un 30 por ciento que corresponde a la renegociación con los propietarios de los aviones en leasing que se debe hacer. Además, dijo que la opción de plantear sólo algunos activos para mantener el servicio público, como planteó un sector de la oposición, costaría "un depósito de no menos entre los 750 millones y los mil millones de dólares al contado, para tener lo que hoy tenemos".
Fuente: DyN
