La conferencia de las Naciones Unidas sobre la financiación del desarrollo realizada en Doha, Qatar, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, tuvo como objetivo trazar un balance de las acciones puestas en marcha durante el Consenso de Monterrey (2002) y, sobre todo, prever nuevas medidas para la realización de los Objetivos del Milenio. En el contexto de la grave crisis financiera y económica mundial actual, la celebración de esta conferencia aparece como un gran momento de verdad, puesto que la recesión que se instala en los países desarrollados no sólo penalizará las exportaciones sino que provocará también la reducción de las inversiones en estos países.
La situación es más preocupante todavía puesto que, estos últimos años, la globalización liberal ha provocado un potente movimiento de privatización de la financiación exterior de los países en desarrollo. Su dependencia respecto de los fondos privados ha ido aumentando: así los préstamos e inversiones de cartera por una parte, y los IED (inversión extranjera directa) por otra, constituyen hoy las dos primeras fuentes de financiación (más de un billón de dólares en el 2007), por delante de la ayuda pública al desarrollo, en disminución desde el 2006 (sólo 103.700 millones de dólares en el 2007).
La disminución de las capacidades para financiar a los países del Sur, unida a los efectos directos de la crisis económica y financiera, y a la volatilidad de los precios de los alimentos y de la energía, podrían asestar un golpe fatal a la realización de los objetivos de desarrollo del milenio. La ONU estima por otra parte que el aumento de los precios alimenticios podría precipitar este último año hasta 100 millones de personas a la pobreza absoluta.
Ahora bien, a la vez que hablamos de refundar el sistema económico mundial, la persistencia de la pobreza y del hambre, así como la pérdida de los recursos naturales -cambios climáticos, deforestación, amenazas a la biodiversidad, escasez de agua potable, falta de sistemas de saneamiento...- y el refuerzo de los flujos migratorios son factores esenciales que impiden el desarrollo. Nunca lo repetiremos bastante: la ayuda al desarrollo no depende de la caridad ni de la solidaridad abstracta. En un mundo cada vez más interdependiente, ésta es en realidad una condición del crecimiento de los países ricos.
Tomar la medida de esta solidaridad de intereses es, antes que nada, proveerse de los medios para una verdadera estrategia de codesarrollo a escala mundial. Los grandes ejes de esta estrategia son conocidos. Erradicar la pobreza significa en primer lugar actuar en las regiones donde subsisten bolsas de extrema pobreza mediante un gran acuerdo internacional: la prioridad de las prioridades es el África subsahariana, donde la tasa de pobreza sigue siendo muy elevada (50%) y no ha disminuido desde hace 25 años.
Sólo inversiones masivas concertadas mundialmente, a la manera del Plan Marshall, pueden desencadenar dinámicas virtuosas de desarrollo duradero. Éste no debe ser concebido como una función únicamente económica, sino como un objetivo social global. Los desafíos cruciales más elementales en África son el desarrollo de las infraestructuras de base -transportes, medio ambiente, agua potable, saneamiento...-, el refuerzo de las políticas educativas, en particular para las mujeres, con frecuencia cruelmente discriminadas, el desarrollo de políticas de sanidad que luchen contra la mortalidad infantil y las enfermedades endémicas como la malaria, la tuberculosis y el sida. Y hoy, más que nunca, hay que gestionar de manera conjunta los flujos migratorios, concretamente potenciando hacia los países de origen las transferencias financieras de los migrantes.
Poner en marcha esta estrategia entraña varias dificultades. En primer lugar, hay que hacer frente a la corrupción, factor que perpetúa la pobreza, instaurando una verdadera cooperación internacional para luchar contra la evasión y el fraude fiscal masivos que practican las multinacionales (los flujos transfronterizos de capitales ilícitos representarían de 1 a 1,6 billones de dólares al año en el mundo, la mitad de los cuales ha salido de los países en desarrollo). También hay que invertir el fenómeno, que penaliza a los países pobres, de privatización de las ayudas, aumentando fuertemente el nivel de la ayuda pública al desarrollo. El compromiso del 0,7 del PIB sólo es respetado por cinco países de la OCDE (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suecia). A partir de ahora, la ayuda pública proviene cada vez más de los países emergentes. Los que se quejan de la entrada de China y dentro de poco de India en África se sorprenderían al ver lo que estos países hacen en materia de ayuda al desarrollo.
También, y sobre todo, hay que inventar nuevos instrumentos de financiación del desarrollo para responder a los desafíos medioambientales. La creación de una tasa para las transacciones de cambio y el retorno a los países de una parte de los dividendos provenientes de la subasta de las cuotas de CO2 en el mercado del carbono a partir de 2012, son buenas iniciativas. Se estima que serían necesarios 97.000 millones de dólares de inversiones anuales en los países del Sur para estabilizar, de aquí al 2030 las emisiones mundiales de CO2 a su nivel actual.
No es fácil resolver de raíz todos estos problemas. Pero es esencial recordarlos en un momento en el que los países ricos acaban de provocar una crisis económica de consecuencias dramáticas para el futuro de la humanidad, y que afectará duramente a los países pobres. En Doha, se necesita menos retórica y más propuestas concretas. Sería, en el fondo, la mejor manera de respetar la memoria de millones de seres humanos que todavía morirán en la pobreza. (El País Internacional)
SAMI NAÏR
(*) Politólogo y sociólogo
